El Gobierno ha comenzado ya a estudiar la fórmula jurídica que permitiría la acogida de los cuatro presos del penal de Guantánamo de los que Estados Unidos ha pedido que España se haga cargo, han informado a EFE fuentes del Ejecutivo.

El Gobierno se ha comprometido a examinar con detalle cada uno de los cuatro casos para que no haya ninguna vulneración de la legislación española y se pueda dar con una fórmula que disipe cualquier duda sobre la situación jurídica de los cuatro prisioneros.

Los expedientes aportados por el enviado especial de Estados Unidos para el cierre de Guantánamo, Daniel Fried, indican que estos presos no tienen vínculos por actividades terroristas, por lo que son catalogados como "cleared for release" (exentos de cargos).

No obstante, el Ejecutivo quiere tener plenas garantías de que están libres de cualquier acusación, aunque aún está por concretar qué tipo de certificación adicional sería necesaria y si la tendría que expedir la Administración de Estados Unidos o los tribunales de este país, según las fuentes.

El Gobierno también quiere asegurarse de que los prisioneros no tienen antecedentes penales en ningún país de la UE, una directriz recogida en el plan comunitario para acoger reclusos de Guantánamo.

El Ministerio de Justicia es el que ha comenzado a examinar todos estos detalles, después de que Fried formalizara ayer, miércoles, la petición de ayuda en la reunión que mantuvo con representantes de este departamento y de los de Asuntos Exteriores e Interior.

Una vez que Justicia defina la fórmula jurídica de acogida, será el Ministerio del Interior el que analice el estatus administrativo más adecuado para estas personas y vea si sus casos se ajustan a la concesión de asilo político.

A Interior también le correspondería diseñar el mecanismo de vigilancia y observación al que estarían sometidos los presos dentro de un régimen de libertad.