El Gobierno hace concesiones de última hora a la patronal

Casi un año después de la reforma laboral, el Gobierno aprobó ayer la reforma de la negociación colectiva con una concesión de última hora a la patronal. El texto final incluye algunos cambios importantes respecto al borrador que buscan un acercamiento con la CEOE. Además, el Ejecutivo aprovechó ayer para aprobar el nuevo reglamento de los expedientes de regulación de empleo (ERE), que incluye la posibilidad de que las empresas puedan despedir con 20 días de indemnización (el llamado despido objetivo, el más barato) si acreditan que están abocadas a pérdidas futuras, incluso aunque estas sean "transitorias". Un punto que disgusta a los sindicatos y que completa el guiño patronal.

"Es una vuelta pura y dura a la reforma laboral", dijeron fuentes sindicales. Efectivamente, la ley de reforma del mercado de trabajo ya contemplaba la posibilidad de que las empresas pudieran despedir con 20 días si demostraban o preveían pérdidas. Más tarde, en plena negociación sobre la reforma de las pensiones con CCOO y UGT, el Gobierno suavizó su posición en un borrador del reglamento que desarrolla los ERE: las pérdidas "coyunturales" no serían causa de despido, aunque sí, por ejemplo, de suspensiones temporales de jornada. Finalmente, el Ejecutivo ha vuelto a endurecer su postura y a considerar las pérdidas transitorias como causa de despido objetivo.

El Ejecutivo ha vuelto a endurecer su postura sobre las causas del despido

Los sindicatos no conocían la intención del Gobierno de aprobar hoy ese reglamento. No obstante, anoche el Ejecutivo tampoco parecía contar con ello. No es el único cambio de última hora. Los plazos marcados para negociar un convenio que contempla la reforma de la negociación colectiva también han variado respecto a lo previsto. Finalmente, empresa y sindicatos tendrán un máximo de 8 meses para pactar un convenio cuya duración sea de dos años o menor, y 14 meses cuado dure más de dos años. Estos plazos suponen una reducción respecto a lo planteado en los últimos días: el borrador fijaba en 20 meses el plazo máximo de negociación y el jueves, sólo un día antes de la aprobación de la reforma, el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, anunció que el plazo oscilaría entre 12 y 18 meses.

El cambio se produjo en el último momento. Los gabinetes de Trabajo y Economía trabajaron durante la noche del jueves para perfilar el texto y mantuvieron los últimos contactos con los agentes sociales. Finalmente, fue en el propio Consejo de Ministros donde se definieron claramente los nuevos plazos para negociar los convenios, después de un arduo debate. Fuentes gubernamentales admiten que la intención era buscar "puntos de encuentro" entre las partes y acercar "el punto de equilibrio" que ha tratado de mantener el Gobierno hacia el lado empresarial.

"Todo suena a que al final han escuchado la música y la letra de Rosell (presidente de la CEOE)", señalaron fuentes sindicales al respecto de la modificación de los plazos y de la aprobación en el último momento del reglamento sobre expedientes de regulación de empleo. Además, los sindicatos están molestos porque el texto sobre negociación colectiva que el ministerio de Trabajo les presentó el jueves pasado no coincide con la reforma aprobada ayer.

Gómez aseguró que la reforma da flexibilidad sin recortar derechos

Durante la negociación de un nuevo convenio, el anterior seguirá vigente salvo en lo que atañe a las claúsulas salariales, que no se actualizarán.Si empresa y representantes de los trabajadores no llegan a un acuerdo para negociar un nuevo convenio en los nuevos plazos (8 y 14 meses), será obligatorio que recurran al arbitraje, donde se dictará un laudo de obligado cumplimiento para las dos partes.

Otra de las novedades es que el convenio de empresa tendrá prioridad sobre el convenio provincial. A partir de ahora, el convenio de empresa podrá fijar aspectos como el salario base y sus complementos, la retribución de horas extras, el horario y distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos o la adaptación de la clasificación profesional. La intención del Gobierno es que las empresas tengan así más capacidad para adaptarse a las circunstancias económicas y puedan evitar los despidos. Valeriano Gómez se mostró ayer convencido de que la reforma dota a las empresas de mecanismos de flexibilidad "sin afectar a los grandes derechos de los trabajadores".

Las medidas sobre absentismo y mutuas se incluirán en el Parlamento

Como se esperaba, el texto aprobado por el Gobierno no incluye puntos sobre la reforma de las mutuas ni el absentismo, dos temas sobre los que también discutieron sindicatos y patronal. Sin embargo, el ministro aclaró que son medidas que se podrán incorporar por medio de enmiendas durante el trámite parlamentario de la futura ley.

Gómez destacó que será importante que los agentes sociales sigan negociando para llegar a acuerdos que permitan implantar esta reforma, que calificó varias veces de equilibrada. "Estamos convencidos de que el acuerdo que se podría haber alcanzado no hubiera estado lejos de los que hoy aprobamos", sentenció Gómez.

Reacciones políticas

El PP considera que el decreto aprobado por el Gobierno es "una muestra más de que el Gobierno no tiene capacidad para ni liderar un acuerdo con los agentes sociales". El coordinador de Economía del partido conservador, Cristóbal Montoro, aseguró que esta reforma "no es la que necesita España en un momento en el que arrecia la incertidumbre". Además, el portavoz económico del PP criticó el "carácter eminentemente provisional" del texto. Será "inútil e inaplicable", sentenció Montoro, de tal manera que "no hará falta ni derogarlo" si el PP gana las próximas elecciones generales, según aventuró, informa Miguel A.Marfull.

Con el mismo desafecto, el portavoz parlamentario de CiU, Josep Antoni Duran i Lleida, reiteró su rechazo al decreto, escorado, a su juicio, a satisfacer a los sindicatos más que a la patronal. "Es necesaria una reforma, pero la que el Gobierno ha presentado no es relevante a los efectos de superar la rigidez de nuestro sistema laboral", remarcó Durán. Según criticó el responsable del Grupo Catalán, ni PSOE ni PP desean acometer esta y otras reformas por los costes electorales que puedan acarrear.

El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, advirtió de que la reforma aprobada ayer "girará a la derecha" durante su tramitación parlamentaria, porque ya hay partidos que "están afilando los cuchillos", señaló en alusión al PP y CiU. Llamazares criticó el "decreto salomónico" presentado por el Ejecutivo porque "intenta repartir equitativamente cargas y beneficios entre empresarios y sindicatos provocando al final la insatisfacción de todos".

Desde ERC, su portavoz parlamentario, Joan Ridao, expresó también su rechazo a la reforma, entre otras cosas porque "impide la creación de un marco catalán de relaciones laborales". Ridao lamentó que en las negociaciones "no haya sido posible a raíz de la voluntad de los representantes empresariales incluir cuestiones como el absentismo o las mutuas de trabajo".