El Gobierno confía en que Europa financie la mitad de la Lomce

La reforma educativa del ministro Wert sigue adelante, a pesar de la oposición de la comunidad educativa. El Consejo de Ministros ha dado luz verde al texto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) tras estudiar las "observaciones" que retrasaron su trámite la semana pasada.

Una de las modificaciones, con las que el ministerio intenta sortear las objeciones planteadas por el Consejo de Estado, tiene que ver con la financiación de la ley. El Gobierno tratará que el Fondo Social Europeo financie la mitad del gasto de la reforma (unos 200 millones de los 400 previstos en tres años). Wert ya contó que el Estado asumiría costes directos por importe de 408 millones de euros -23 millones el primer año; 130, en el segundo; y 255, en el tercero-. Las comunidades, según dijo entonces, asumirán los gastos de consolidación, que variarán en función del "éxito" en términos de abandono escolar de la reforma.

Por último, la asignatura de Religión se podrá cursar a la vez que la de Valores Sociales, de modo que una asignatura no discriminará a la otra, como reclamó el Consejo de Estado.

La asignatura de Religión contará para la nota media

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha defendiendo una vez más la reforma educativa que, dice, busca "garantizar el derecho a la educación a través de la reducción del abandono escolar". "El 40% de los alumnos de 15 años han repetido, al menos, un curso y hay medio millón de alumnos repitiendo que cuestan 2.500 millones de euros al sistema", ha afirmado Wert para justificar la necesidad de "mejorar la eficiencia".

Entre las principales novedades que no se modifican se encuentra la implantación de evaluaciones a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato, además de una prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarias para obtener el título y, en concreto, el segundo, que los sectores críticos llaman "reválida", sustituirá a la actual Selectividad. El ministro de Educación, en cambio, les ha llamado "caminos de señalización". Otro de los cambios más notables afecta a 3º de la ESO, pues se adelantan a este curso los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato a través de asignaturas optativas. Estas dos vías estarán ya completamente diferenciadas en 4º de la ESO.

Más competencias al Estado

Además, el anteproyecto aumenta la capacidad del Ministerio de Educación para decidir sobre los contenidos comunes de las asignaturas -en detrimento de las comunidades autónomas- mientras cede libertad a centros y comunidades autónomas para hacer lo propio con las materias no instrumentales, a fin de que se especialicen. Mientras, se incrementa la carga lectiva en todas las etapas de las asignaturas instrumentales -Matemáticas, Lengua e Inglés-. Wert ha calificado de "un cambio de filosofía" la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. "Para poder definir un núcleo básico para que exista una homogeneidad mínima", ha justificado.

En cuanto a la FP, prevé la creación de una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), dirigidos a alumnos de 15 años. Además, introduce asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y facilita el paso hacia la FP de grado superior. "Tenemos que conseguir que no sea percibida como una carretera de segundo orden", ha afirmado el ministro.

Cinco millones para la educación en castellano

La memoria económica de la LOMCE se reserva un presupuesto de cinco millones de euros, los que se estiman necesarios para garantizar este derecho si 1.000 alumnos solicitan ejercerlo. La cantidad podría ser mucho menor, pues Catalunya dice que en un año sólo lo han solicitado 17 familias. No obstante, se trata de un adelanto económico, pues Educación se cobrará la factura de los fondos que correspondan a Catalunya en el marco de la financiación que emana de la Administración General del Estado.

Se introduce así una novedad en el texto respecto del planteamiento inicial, que establecía la obligación de la comunidad autónoma de pagar el colegio privado si no ofertaba el castellano en el sistema público. El Consejo de Estado dijo en un dictamen sobre la norma que con esta imposición se invadían competencias, porque el Gobierno no podía determinar el destino del dinero autonómico. Con la nueva fórmula, el concernido es el dinero de la Administración General del Estado.

Wert ha incidido en que se trata, en todo caso, de "algo muy excepcional" que en las disposiciones adicionales de la LOMCE "se plantea como subsidiario, hasta que la administración educativa correspondiente sea capaz de ofrecer una formación en centros sostenidos con fondos públicos en la que el castellano sea también vehicular".

"Este es un mecanismo excepcional y transitorio. En la medida en que la administración educativa tenga la capacidad de garantizar una oferta razonable en centros sostenidos con fondos públicos para atender esa demanda, el mecanismo no entra en vigor", ha señalado Wert, para destacar que no se trata de "una fórmula de garantía de una escolarización plena en castellano", sino de que, en línea con las sentencias del Tribunal Constitucional, junto a la educación vehicular en lengua cooficial "se pueda optar también" por el castellano como vehicular.

En este sentido, ha concretado que no afecta a sistemas que practican el bilingüismo integrado, "donde la norma no supone ninguna innovación", como en la Comunidad Valenciana, o de sistemas donde existe dicho "bilingüismo integrado con sistemas de uso preferente de la lengua cooficial pero que contemplan también el castellano como vehicular", como es el caso del País Vasco.

En cuanto a ese cálculo de 5 millones de euros por cada mil alumnos que requieran este apoyo estatal ante la falta de oferta en su comunidad autónoma, Wert ha dicho que se trata de "una hipótesis" basada en "algunos supuestos comprobados", es decir, en "el número de familias que ha hecho reclamación a la administración educativa porque deseaban que sus hijos se escolarizasen en castellano". "Sobre esa hipótesis se ha hecho este cálculo, pero es un cálculo sin más", ha agregado.