El Gobierno confirma que estudia eliminar el 20 por ciento de las entidades públicas

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado hoy que los Ministerios de Hacienda y Presidencia trabajan en un estudio para acometer "una reducción inicial" de un 20 por ciento de entidades públicas en el ámbito de la Administración General del Estado.

En su comparecencia en la Comisión Constitucional del Senado, Sáenz de Santamaría ha avanzado además que la futura ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que el Ejecutivo aprobará en el plazo de un mes, establecerá sanciones para los responsables públicos que incumplan los límites de déficit y endeudamiento que fija la ley de estabilidad presupuestaria.

La vicepresidenta ha calificado de "demoledores" los últimos datos del Banco de España, que reflejan que la deuda acumulada por los organismos públicos se acerca a los 60.000 millones de euros, "prácticamente el triple que hace tres años".

Ha recordado que hay 2.381 empresas públicas, 613 fundaciones y 1.029 consorcios que existen entre todas las administraciones. "Son muchos, son ineficientes y, en algunos casos, son excesivamente caros", ha manifestado.

El objetivo, ha continuado Sáenz de Santamaría, es reducir, fusionar y eliminar entidades que "no sirvan a un propósito público, claro y justificado, así como enajenar participaciones no mayoritarias en sociedades privadas en las que el interés general no precise la presencia de ello".

Sáenz de Santamaría ha dicho que es "insostenible" que directivos de empresas públicas hayan estado cobrando "más de 250.000 euros al año". "Es además injustificable en el sector público", ha manifestado.

Por este motivo, el Gobierno ha impuesto un límite de al menos un 30 por ciento a estas retribuciones y ha limitado a 15 el número de miembros de sus consejos de administración.

Además, establecerá un marco de referencia para todos los salarios de las administraciones públicas, estableciendo criterios objetivos en el caso de los ayuntamientos, que atiendan a su dimensión, presupuesto y circunstancias socioeconómicas.

La vicepresidenta ha anunciado asimismo que la futura Ley de Transparencia se someterá a un periodo de información y audiencia pública en las páginas web de los Ministerios durante el que se atenderán las sugerencias de los ciudadanos.

La novedad de esta norma, ha señalado, es que no recoge "meras recomendaciones" sino que su vulneración dará lugar a infracciones administrativas con las correspondientes sanciones.

Así, la ley incorporará sanciones para los responsables públicos que incumplan el objetivo de déficit, comprometan gastos o asuman obligaciones sin crédito suficiente para su financiación o eludan el reflejo contable de las obligaciones asumidas.

"La respuesta será contundente", ha señalado la vicepresidenta quien ha concretado que una ley orgánica complementaria modificará el Código Penal para las sanciones a las conductas más graves que llevarán aparejadas penas de inhabilitación.

La intención del Ejecutivo, ha dicho Sáenz de Santamaría, es presentar la ley en la Conferencia Internacional de Gobierno Abierto que se celebrará los días 17 y 18 de abril en Brasilia.