El Gobierno da un golpe de timón a su política económica

El Gobierno ha decidido pisar el acelerador en su política de reformas y mañana aprobará en su reunión de Consejo de Ministros un paquete de medidas que supone de facto un cambio de rumbo en su política económica. La decisión más importante será la puesta en marcha de un plan de austeridad presupuestario para el conjunto de las administraciones públicas.

Según fuentes gubernamentales, el recorte rondará los 50.000 millones de euros durante tres años (2010-2012) y afectará a todos los renglones de gasto, con excepción de las partidas sociales ("para proteger a los más débiles), y las de educación e investigación y desarrollo, que están consideradas estratégicas para el futuro de la economía. El "severo" recorte presupuestario supone una importante vuelta de tuerca respecto a los planes anteriores. En noviembre pasado, el secretario de Estado de Economía, Carlos Ocaña, estimaba las necesidades de ajuste en 30.000 millones de euros.

El objetivo del recorte es ajustarse al Pacto de Estabilidad de la Unión Europea, que exige rebajar el déficit público hasta el 3% del PIB en 2013. En la actualidad, el déficit ronda el 10%. Pero la intención del Gobierno es sobre todo restaurar la credibilidad exterior de la economía española, gravemente dañada por las malas previsiones de los principales organismos internacionales y por las opiniones de las agencias de calificación de riesgos.

El último ejemplo del deterioro del prestigio internacional son las sorprendentes declaraciones del economista Nouriel Roubini, bien conocido por sus certeros vaticinios sobre la crisis financiera, que dijo ayer en Davos que España es "una amenaza para la cohesión de la zona del euro", incluso más que Grecia, porque en su opinión tiene un desempleo más elevado y bancos más débiles.

El objetivo del recorte es ajustarse al Pacto de Estabilidad de la Unión Europea

La preocupación no es exclusiva del Gobierno. El presidente de HP España, José Antonio de Paz, advirtió ayer del riesgo de que el creciente pesimismo lleve a grandes multinacionales a replantearse su presencia en España.

¿Cómo se concretará el plan de austeridad presupuestaria que proyecta el Gobierno? Una de las claves es que el recorte será compartido por las administraciones públicas. En la práctica, eso significa, según las fuentes consultadas, que habrá de ser pactado entre la Administración central y las comunidades autónomas, ya que los ayuntamientos tienen un escaso margen de ahorro. Por tanto, el ajuste deberá ser negociado con el PP en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La baza argumental que utilizará el Gobierno para forzar el acuerdo es que el recorte del gasto es precisamente lo que ha venido pidiendo el PP, aunque sin concreciones, para salir de la crisis.

Gasto corriente e inversión

Los mismos medios resaltan que con el ajuste sufrirán sobre todo los gastos corrientes, incluidos los salarios de los funcionarios. Pero también la inversión, lo cual ha provocado serias resistencias por parte del ministro de Fomento, José Blanco, según fuentes gubernamentales.

Otro de los cambios más visibles en la actitud del Gobierno ha sido aceptar abiertamente la idea de reforma laboral. El concepto ha sido un anatema en los últimos años para el Gobierno. Sin embargo, el pasado diciembre, el presidente anunció que el Ejecutivo pilotaría un proceso de reformas en el mercado de trabajo. Con este compromiso, el Consejo de Ministros propondrá (seguramente en su reunión del 5 de febrero) una serie de medidas destinadas a mejorar la eficiencia del mercado laboral que en ningún caso afectarán a las indemnizaciones por despido.

"Se había cavado una zanja ante nosotros, pero teníamos que saltarla"

Un alto cargo del Gobierno reconoce en privado que, en los meses posteriores al fracaso del Diálogo Social de verano, el PSOE reflexionó sobre la necesidad de ser "consecuente" con los principios de partido: ser progresistas y reformistas. "Se había cavado una zanja ante nosotros, pero teníamos que saltarla", dice.

Por eso, el Ejecutivo reordenó sus posturas para actuar sobre el mercado de trabajo sin tocar los derechos de los empleados, un compromiso personal del presidente.

El tercer eje de la reforma es el sistema de pensiones. El próximo viernes se aprobará una propuesta para debatir en el Pacto de Toledo dirigida a reforzar la sostenibilidad del sistema. Las dos ideas básicas serán ampliar mediante incentivos la edad real de jubilación (actualmente, en 63,8 años) y extender el período de cómputo para calcular la pensión.

"Nos jugamos la legislatura"

Fuentes del Gobierno conceden gran importancia política y estratégica a este paquete de reformas. "Nos jugamos la legislatura", aseguran. El Comité Federal del PSOE, que se reunirá el sábado, respaldará las decisiones del Gobierno y las trasladará a la opinión pública como "una ofensiva de reformas para salir de la crisis". Los medios consultados creen que si se restablece la credibilidad de la economía, sería posible obtener un buen resultado en las elecciones municipales y autonómicas de 2011, como paso previo para mantener el poder en las legislativas de 2012.

Los tres pilares del nuevo rumbo

Tijeretazo presupuestario
El Consejo de Ministros aprobará un recorte presupuestario que afectará el gasto corriente y con el que se pretende arañar 50.000 millones de euros. No se tocarán las pensiones, las prestaciones por desempleo ni lo que se refiere a dependencia, educación e I+D+i. El recorte se aplicará desde este año hasta 2013.

Pensiones sostenibles
Las medidas deben consensuarse con los partidos políticos. Estarán orientadas a alargar la edad real de jubilación (no la edad legal), con incentivos fiscales para trabajar más allá de los 65 años. También se estudia penalizar las jubilaciones voluntarias anticipadas. El cálculo de la pensión se ampliará más allá de los 15 años actuales para que la prestación recibida sea más fiel a lo cotizado. En la práctica, esto bajará la nómina de las pensiones. Además, la pensión de viudedad dejará de ser universal.

Mercado de trabajo
Será consensuada con los agentes sociales. Tendrá incentivos para la contratación a los jóvenes, para víctimas de violencia de género y para personas con discapacidad. Se pactará también la fórmula para reducir el tiempo de trabajo a cambio de parte de la prestación por paro, (el llamado contrato alemán). Además, se incentivará la contratación a tiempo parcial. Se estudiarán mecanismos para controlar el absentismo laboral y se ampliará el campo de actuación de las ETT. La rebaja de medio punto en las cuotas de la Seguridad Social se planteará de nuevo aunque deberá debatirse junto con las pensiones.