Iba a ser lo primero y, al final, va a ser lo último. Dentro de plazo, eso sí, porque Mariano Rajoy se dio hasta el 18 de febrero para tener la reforma laboral lista y se prevé que salga adelante en el próximo Consejo de Ministros. El Gobierno ha optado primero por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y, después, por la reestructuración del sistema financiero. Ha estirado cuanto ha podido los plazos, aunque se suponía que era lo más urgente y lo que más reclamaba Europa. España, con 5,2 millones de parados según la EPA y una alta tasa de desempleo juvenil, está bajo los focos. En el Ejecutivo son conscientes de que abordan un tema crucial que afecta a todos los ciudadanos.

Hasta hace unos días la responsabilidad estaba en el tejado de los agentes sociales, a los que Rajoy había dado un tiempo para negociar. 'No podemos esperar hasta nunca', decían en el Gobierno, en el que consideran que todo el 'ajuste' de la crisis castigó el empleo por culpa de 'una legislación laboral muy rígida'.

Al final, las negociaciones dieron su fruto: un pacto por la moderación salarial y medidas para favorecer la flexibilidad interna. El PP lo aplaudió. Sin embargo, no pasó una semana cuando una cámara de televisión captó al presidente del Gobierno explicando en Bruselas lo que piensa que ocurrirá cuando modifique las condiciones de trabajo: 'Me va a costar una huelga general'. Es lo que espera la mayoría del Ejecutivo, en el que se abren dos frentes. De un lado, los que no quieren dar miedo y generar impopularidad a los pocos meses de haber llegado al poder. Y, por otro, los que creen que se debe actuar con firmeza y arriesgando porque sino no se solventará la situación.

Entre los primeros hay algunos que tienen dudas sobre el impacto real que puede tener la reforma, al menos a corto plazo, y piensan que la gente se puede frustrar al no ver resultados inmediatos. Pero, sobre todo, están a los que les preocupa que una manifestación prenda la mecha de un descontento social generalizado, que este se perpetúe y haga insoportable la gestión.

IU pregunta a Rajoy el miércoles qué va a hacer para que la gente salga a la calle

Sobre estos recae la presión de los barones autonómicos que son los que van aplicando buena parte de los recortes. El titular de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, lo resumía recientemente expresando su inquietud porque los españoles terminen respondiendo a los ajustes del Estado con 'conflictos' como los de Grecia o Portugal. Feijóo también señaló que confía 'en la madurez' de la sociedad española para comprender 'los sacrificios' que se le van a exigir. Es la otra parte del argumentario, de la que tirarán para que la gente comprenda la medida.

De las palabras de Rajoy se desprenden dos conclusiones: que pretende introducir duros e importantes cambios y que sabe que generarán rechazo. Los que le rodean afirman que lo tiene asumido. Ya antes de la campaña electoral, en el PP daban por descontada la contestación de la calle por más de un asunto. Hay quien lo da por amortizado. El presidente del Gobierno cree que este puede ser el primer motivo. Pero también, defienden sus colaboradores, está convencido de que es 'lo que debe hacer' y 'tiene la conciencia muy tranquila'.

En rueda de prensa, tras el Consejo Europeo, el líder conservador explicó que él le había pedido a empresarios y sindicatos que abordaran varios puntos y que, como no lo habían hecho, el Gobierno se veía obligado a legislar. 'Yo celebro y agradezco el esfuerzo en materia de negociación salarial, pero no fue posible en las otras materias', se justificó.

Rajoy: 'Sé que muchas decisiones que vamos a tomar no van a gustar'

Rajoy reconoció que había 'considerado' la posibilidad de que sus iniciativas pudieran provocar una movilización. Y que no le extrañaba porque 'al PSOE le hicieron una huelga con una reforma laboral que no sirvió para nada'. Por lo que es 'lógico y razonable' pensar que ahora, cuando su intención es hacer una más profunda, se genere 'descontento'. 'Yo sé que muchas de las decisiones que hemos tomado y de las que vamos a tomar no le van a gustar a mucha gente. Soy absolutamente consciente', confesó.

Al final él, como José Luis Rodríguez Zapatero, parece abocado a actuar de forma unilateral. El decretazo del PSOE desencadenó la huelga del 29 de septiembre de 2010. Aunque el PP se opuso a ella tampoco llegó a atacarla con virulencia. Su responsable de Comunicación, Esteban González Pons, afirmó que él, de ser funcionario, la habría secundado.

En su estreno en la UE, Rajoy también dijo que esperaba que los agentes sociales lo 'entendieran'. Después del acuerdo al que estos han llegado esperan encontrarse sólo con novedades en las modalidades de contratación y despido. Se lleva tiempo hablando del abaratamiento de este último, aunque el PP mantiene que no es 'su prioridad'.

También se ha discutido la posibilidad de adoptar el modelo alemán, por ejemplo con los minijobs (trabajos con horarios y sueldos reducidos) o la modificación de las prestaciones por desempleo. El Ejecutivo ha negado ambas posibilidades, pero falta ver el texto definitivo. Y es que tras escuchar a Rajoy, los sindicatos se pusieron en estado de alerta. Algunos no saben a qué atenerse después de encontrarse el pasado 30 de diciembre con la congelación del salario mínimo interprofesional por primera vez desde que se creó.

El Ejecutivo cree que la legislación laboral 'rígida' provoca más desempleo

Patronal y representantes de los trabajadores también han abordado el asunto de los convenios y dan por cerrados la mayoría de los capítulos que les pidió Rajoy que trataran. No verían bien que ahora el Gobierno empezara a retocar lo que ya han alcanzado. Pero los dirigentes conservadores siempre han sido más ambiciosos en materia de negociación colectiva, algo que ellos consideran clave.

El programa electoral del PP habla de una simplificación de contratos y de la primacía de los convenios de empresa sobre los provinciales y sectoriales. Además, Rajoy ha dicho que se basará en las 71 enmiendas que presentó en el Congreso cuando se discutía la reforma socialista. En ellas abogaba, entre otras cosas, por extender aún más un contrato de fomento del empleo con una indemnización de 33 días por año o regular un procedimiento general de descuelgue de convenios.

'Al final todo va a estar en qué quieres hacer y hasta dónde estás dispuesto a llegar', resume un miembro del PP. 'A nadie le gusta que le hagan una huelga, es un castigo', apunta otro. Quieren pensar que no será como la de José María Aznar en 2002. 'Fue un desastre', recuerdan los que la vivieron. Y confían en que no afecte a las elecciones en Andalucía. En el PSOE esperan que la reforma no sea 'un mazazo' a los derechos de los trabajadores. Izquierda Unida aprovechará para preguntar sobre ello a Rajoy en la primera sesión de control en el Congreso de los Diputados.