En una decisión sin precedentes en democracia, y ante el caos provocado por la paralización del espacio aéreo por el paro encubierto de los controladores, el Gobierno se ha visto obligado a recurrir a través de un real decreto a uno de los instrumentos recogidos por la Constitución para situaciones de especial gravedad: el estado de alarma.

El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha explicado tras un Consejo de Ministros extraordinario que el "efecto inmediato" del real decreto, que ha entrado en vigor a las 13:00 horas ante la falta de normalización de la situación, es que "los controladores pasan a estar movilizados", lo que supone que "en caso de no asistir al trabajo estarían incurriendo en delito de desobediencia tipificado en el Código Penal Militar"; es decir, que se enfrentarían hasta a dos años de prisión.

Rubalcaba agregó que desde la publicación del real decreto, las autoridades militares que están desde anoche al frente de las torres de control comunicarán a los controladores, de forma personalizada, "la nueva situación en la que se encuentran, y cuáles son sus obligaciones y las responsabilidades en las que podrían incurrir en el caso de no cumplirlas". Asimismo, si un controlador aparece en una torre y no quiere trabajar, estaría incurriendo también "en un delito de desobediencia igual que el que no quiere ir a trabajar".

El real decreto reconoce que el paro de los controladores ha causado "una calamidad pública de enorme magnitud"

El real decreto, que reconoce que el paro de los controladores ha causado "una calamidad pública de enorme magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados, la entidad de los derechos conculcados y la gravedad de los perjuicios causados", tendrá una vigencia de hasta 15 días, como marca la Constitución. Su prórroga necesitaría del permiso del Congreso, que fue informado por el Gobierno de la aprobación de la norma como es preceptivo. No obstante, Rubalcaba no cree que sea necesario: "El Gobierno no cree que dure tanto", dijo.

Rubalcaba, que compareció ante los medios en Moncloa tras poco más de tres horas de reunión del Consejo, al que se incorporaron el Fiscal General del Estado y el Abogado General del Estado por decisión del presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, explicó que el jefe del Ejecutivo había hablado con el líder de la oposición Mariano Rajoy, para informarle de la decisión tomada.

De hecho, Zapatero conversaba con Rajoy por teléfono mientras Rubalcaba comparecía ante los periodistas, que en su mayoría habían dado por hecho que, en caso de decretarse el estado de alarma, iba ser precisamente el presidente el encargado de comunicarlo a la población.

Además, el Gobierno constituyó la Comisión Delegada para Asuntos de Crisis, presidida por Zapatero, que seguirá en activa mientras dure el problema.

"Es lo más parecido a una huelga salvaje"

 En cualquier caso, atendiendo a la versión de Rubalcaba, lo ocurrido no pilló ayer por sorpresa al Gobierno, ya que el ministro de Fomento, José Blanco, ya informó en el Consejo de Ministros de ayer de que había "incidencias preocupantes en algunos aeropuertos españoles", y por eso se incluyó en el decreto sobre las condiciones de trabajo de los controladores la previsión para militarizar el control aéreo. "Existían indicios de que había una posibilidad de ir a una situación como ésta, lo más parecido a una huelga salvaje que existe".

Rubalcaba quiso dejar claro que el conflicto no ha sido en pleno puente porque el Gobierno eligiera la fecha equivocada para aprobar el decreto de los controladores: "Quien declara el conflicto sabe que hay un puente; es al revés, quienes valoraron (la fecha)  fueron los controladores", explicó Rubalcaba, que añadió: "La medida había que aplicarla porque la situación empezaba a ser insostenible, porque en todo caso preveíamos que iba a haber este tipo de movilizaciones". No obstante, reconoció acto seguido que nadie puede prever "que un colectivo sea tan insensato que pueda llegar a un producir un daño como el que están produciendo, no al Gobierno, sino a los ciudadanos".

El número dos del Ejecutivo no desaprovechó la ocasión para cargar duramente contra los controladores, a los que acusó de manejar "un monopolio laboral" a partir de "su posición preeminente en el tráfico aéreo" y de defender "unos privilegios intolerables que el Gobierno no puede aceptar"." No vamos a aceptar -aseveró Rubalcaba-- la defensa de esos privilegios ni el chantaje de los ciudadanos, empezando por el Gobierno, y vamos a aplicar hasta el final las normas que el estado tiene para impedirlo, y no hay otra".

Rubalcaba indicó también que lo único que ahora espera el Gobierno de los controladores es que normalicen el funcionamiento de los aeropuertos, y prefirió no aventurar hipótesis sobre si existen otros intereses detrás de los puramente laborales que estén detrás de la protesta.

Un daño "imposible de justificar"

Por otro lado, Rubalcaba volvió a pedir disculpas en nombre del Gobierno a los ciudadanos "que han visto gravemente alteradas sus previsiones en un momento especialmente importante, un puente que mucha gente había esperado disfrutar". "Somos conscientes de que a algunos de ellos se les ha hecho un daño personal imposible de justificar", agregó el vicepresidente, que dejó claro que el Ejecutivo está adoptando "todas las medidas de las que dispone" para esta situación. "Así lo vamos a hacer hasta que esta situación se normalice", dijo.

Sobre la resolución del problema, el vicepresidente admitió que "la normalización definitiva no va a ser fácil". "Se han suprimido muchos vuelos y enlaces y hay que reconfigurar el tráfico aéreo; no va a ser cuestión de horas, sino de algo más", reconoció.

Citados por el Fiscal

Por otro lado, Fiscalía de Madrid citará a declarar en los próximos días a los controladores de Barajas yTorrejón para averiguar las causas del abandono de sus puestos de trabajo, y dadas la gravedad de los hechos causados.

El objetivo de la fiscalía es determinar si la conducta de los controladores pudiera ser constitutiva del delito de sedición previsto en la Ley Penal y Procesal de Navegación Aérea, que supone penas de prisión.

Caos, militarización y hastío

AENA decidió ayer cerrar la mayor parte del espacio aéreo nacional tras la baja masiva de controladores aéreos. Una huelga en la práctica y sin previo aviso que la Unión Sindical de Controladores Aéreos calificó de "espontánea" y que ha arruinado a miles de pasajeros sus vacaciones del puente de la Constitución.

La aprobación del nuevo modelo de gestión de gestión aeroporturaria en el Consejo de Ministros, que incluye la modificación de los horarios de los controladores y la privatización parcial del gestor de los aeropuertos encendió la mecha del caos.

Quizá previendo la situación, el Consejo de Ministros celebrado ayer también aprobó -como adelantó Público- una modificación de la Ley de Seguridad aérea que permite a Defensa asumir el control del tránsito aéreo en situaciones como ésta.

AENA cierra el espacio aéreo hasta las 19 horas del sábado

El sindicato de los controladores, USCA, dijo que los trabajadores no estaban en huelga, sino que se había producido "una revuelta popular", según dijo su dirigente Camilo Cela. Además, hicieron un llamamiento a que los controladores volvieran a sus puestos de trabajo.

Tras una noche de incertidumbre, esta mañana algunos de los controladores se reincorporaron a sus puestos de trabajo aunque se negaron a trabajar. La mayoría de aerolíneas informan de la suspensión de sus vuelos para hoy y AENA recomienda a los ciudadanos que no acudan a los aeropuertos.

Mientras el líder de la oposición, Mariano Rajoy, clamaba - precisamente atrapado en un aeropuerto en las Islas Canarias - sobre la necesidad urgente de una solución, la patronal hotelera CEHAT lanzaba duras acusaciones contra los controladores y mencionaba pérdidas de millones de euros en el sector.

En estos momentos Navegación Aérea informa de que el espacio aéreo estará cerrado por lo menos hasta  las 19,00 horas del sábado.