El Gobierno desea que los afectados por un ERE temporal recobren hasta 120 días de paro

El Gobierno, la patronal y los sindicatos estudian establecer un período máximo de 120 días por el que se podrán reponer las prestaciones por desempleo para los trabajadores que vayan al paro, a los que anteriormente les hubiera afectado un expediente de regulación de empleo (ERE) temporal.

Así lo dijo hoy el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en el acto de Constitución del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo y añadió que en la mesa de Trabajo del Diálogo Social se está negociando una horquilla de entre 90 y 120 días.

El ministro, no obstante, señaló que para el Plan de la automoción se habló de un periodo de 120 días, por lo que no consideró "razonable" que haya planes con reconocimientos diferentes.

El ministro explicó que cuando un trabajador es objeto de suspensión temporal de empleo, durante el tiempo que dure la suspensión, cobra en función del desempleo al que tiene derecho y por el convenio que tenga con la empresa.

Esta medida permitirá que el trabajador no consuma su periodo de prestación por desempleo durante el tiempo que esté afectado por un ERE temporal, afirmó.

Además, dijo que también se está estudiando que durante ese periodo de suspensión temporal, durante el cual las empresas también deben pagar la cotización a la Seguridad Social, éstas puedan tener alguna bonificación en las cuotas.

Así, a la empresa tampoco le supondrá una sobrecarga de cotización en un periodo en que la persona no trabaja.

Según Corbacho, los sindicatos "ven bien" esta propuesta del Gobierno, que forma parte del paquete de medidas que el Ejecutivo considera urgentes para mejorar la protección de los desempleados y mantener la generación de empleo y que hizo llegar a patronal y sindicatos a finales del pasado enero en un documento.

El objetivo, dijo Corbacho, es facilitar la negociación de ERE temporales en lugar de la extinción, ya que en una circunstancia como la actual supone la ventaja de que "se destruye el menor tejido productivo posible".

Según el ministro, ello supone un coste, aún sin cuantificar, para los servicios públicos de empleo porque ante situaciones que supongan extinción de contrato, al final el trabajador siempre habrá tenido 120 días más.