El Consejo de Ministros ha remitido este viernes a las Cortes el proyecto de ley por el que se reforma de la ley de Tráfico y Seguridad Vial y que supondrá la elevación de las multas por alcoholemia y drogas, de 500 a 1.000 euros. El Gobierno quiere regular de este modo la 'tolerancia cero' para la conducción bajo los efectos de las drogas, así como el sometimiento a los controles de drogas y alcohol. La prueba será mediante saliva como medio habitual y la de contraste será un análisis de sangre, con sanciones de 1.000 euros. Además, los peatones que cometan infracciones también deberán someterse a estos controles. La actual regulación permite hacer este tipo de controles a los peatones únicamente cuando son víctimas o participan en la producción de un siniestro.

Tras haber sido sometida a los informes de los organismos pertinentes e, incluso a las asociaciones de discapacitados, Cermi, y de estudio de la lesión medular, Aesleme, el proyecto pasa ahora al Congreso y, tras su aprobación, dará comienzo la tramitación del nuevo Reglamento de Circulación. 

Por otro lado, la nueva norma incluye la obligación de que los menores lleven casco en ciudad cuando monten en bicicleta. Esta imposición ha causado una fuerte polémica, con el rechazo de asociaciones de ciclistas y algunos ayuntamientos, ya que la nueva legislación podría ampliarse posteriormente a todas las edades con el borrador de reforma del Reglamento General de Circulación en el que está trabajando el Gobierno en paralelo a la reforma de ley prevé que todos los ciclistas tengan que usarlo.

Desde que arrancó el curso parlamentario, la Comisión de Seguridad Vial del Congreso está debatiendo la medida y escuchando a expertos para fijar un criterio. Hasta el momento, han pasado por la comisión asociaciones de ciclistas, fabricantes de bicicletas, la Red de Ciudades por la Bicicleta, ciclistas profesionales y expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que han mostrado su oposición a que se obligue a usar casco en ciudad porque podría desincentivar el uso de este vehículo. El exciclista y representante de Ciclistas Profesionales, Perico Delgado, que intervino en la comisión el pasado 25 de septiembre, se opuso a la medida porque sería 'crear un problema donde no lo hay', en lugar de fijarse 'en lo que se hace en países del entorno'. Además, opinó que para reducir los accidentes lo más útil sería 'estimular' el uso de la bicicleta, ya que 'cuantos más ciclistas haya en las carreteras, más seguro será'.

Por su parte, el Gobierno, por boca de la directora de Tráfico, María Seguí -quien propuso llevar el debate al Congreso-, aseguró en mayo en esa comisión que no tiene 'ninguna duda respecto del efecto beneficioso' de la medida. Así, en distintas ocasiones ha defendido que los beneficios del uso del casco en ciudad son 'incuestionables', así como la 'evidencia' científica que existe sobre la eficacia de esta medida a la hora de 'reducir las lesiones'.

El Reglamento General de Circulación en que trabaja el Ejecutivo también abre la puerta a que en el futuro se pueda permitir conducir a 130 kilómetros por hora en aquellos tramos de autopista que cuenten con un historial de baja siniestralidad, siempre que se den las condiciones climatológicas favorables, al introducir en el cuadro de sanciones por excesos de velocidad este nuevo límite. También se incluye el límite de 20 km/h para algunos tramos de vías urbanas.

Superar estos futuros límites de 20 y 130 km/h se castigará con el mismo rango de sanciones que hasta ahora se aplica para los actuales límites, con multas comprendidas entre 100 y 600 euros y la retirada de entre dos y seis puntos, según el anteproyecto.

Por otro lado, la reforma prohibirá el uso de detectores de radar, con una sanción de 200 euros y detracción de 3 puntos del permiso, que habían sido autorizados en 2009. Hasta ahora, los detectores de radar se permitían, lo que estaba prohibido era los inhibidores de radar. La diferencia entre ambos es que los segundos interfieren con la señal del radar para que éste no detecte la velocidad a la que se conduce.

En cuanto a los sistemas de retención infantil, otro de los puntos en los que la Dirección General de Tráfico (DGT) quiere introducir mejoras, Interior pretende que el reglamento de circulación, que se aprobará por Real Decreto una vez que la reforma entre en vigor, establezca el uso de la silla para menores en los asientos traseros en función de tallas y no de edad. A día de hoy, la actual ley obliga a los menores de 3 años a viajar únicamente en el asiento trasero y con silla, y a los de un rango de edad de 3 a 12 años con silla, pero en el asiento delantero y trasero.

El proyecto de ley vuelve al Consejo de Ministros después de que el Gobierno aprobara el anteproyecto en julio y de que el texto haya sido analizado por el Consejo de Estado, según han señalado fuentes del Ejecutivo a Europa Press. La intención es que la reforma pueda entrar en vigor para principios de 2014, según señaló en verano el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

La reforma de la ley contempla la creación de la conferencia sectorial de tráfico y seguridad vial, que tendrá como órgano colegiado al Ministerio del Interior y que contará con las comunidades autónomas que tienen transferidas competencias ejecutivas como Catalunya y País Vasco. En esta misma línea, ha establecido por ley la obligación de comunicar a la autoridad de tráfico, con carácter previo a su inicio, la realización de obras en las vías, ya que hasta ahora se establecía reglamentariamente.