El Gobierno ha ejecutado el 90% de las reformas que le impuso Bruselas

La vicepresidenta ha segurado hoy que el Gobierno ha ejecutado el 90% de las medidas incluidas en el Plan Nacional de Reformas (PNR) que entregó a la Comisión Europea el pasado mes de abril y que entonces se incluyó en la estrategia económica del Ejecutivo, la misma que le obligó a desechar el programa electoral con el que Mariano Rajoy concurrió a las elecciones generales de noviembre de 2011.

Soraya Sáenz de Santamaría, sin embargo, ha obviado este punto durante su comparecencia de esta tarde en el Senado y, en un tono optimista, ha subrayado que las ejecutadas -y "el menos del 10% que queda por desarrollar"- son las medidas que han dirigido la actuación del Gobierno para ir "afianzando la recuperación de la confianza y la credibilidad".

El mensaje de que éstas son las reformas que había que hacer y no existía alternativa a ellas quedó claro en esta referencia de la también ministra de la Presidencia -comparecía como tal en la Cámara Alta- a un plan "que necesitaba nuestro país para afrontar la recuperación" y que incluye leyes como la de estabilidad presupuestaria, la reforma laboral o la reestructuración del sistema financiero.

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Entre las reformas que quedan por aprobar y que estarán cerradas en 2014, la portavoz del Ejecutivo ha citado la reforma tributaria por "un sistema fiscal más justo y equitativo" y que potencie el crecimiento económico y la competitividad de España o las leyes de cajas, de fomento de la financiación empresarial o de desindexación. Sáenz de Santamaría también ha mostrado su confianza en que las 40 medidas del plan por la regeneración democrática aprobadas por el Consejo de Ministros el pasado mes de septiembre salgan adelante con el apoyo del resto de grupos parlamentarios. En este plan se enmarca la ley de transparencia -actualmente en tramitación en el Senado-, que incluye un portal de la administración para la transparencia, esto es, con toda la información sobre contratos, subvenciones, convenios o ayudas de carácter público, explicó la 'número dos' del Ejecutivo.

Política con minúsculas

Aparte de hacer balance de la política del Departamento de Presidencia, Sáenz de Santamaría ha centrado el grueso de su comparecencia en el Senado en la reforma de las administraciones públicas, que lleva siete meses en marcha y ha dado resultados concretos, explicó la vicepresidenta, en la racionalización de la administración.

La número dos del Ejecutivo ha citado, por ejemplo, los 44 millones que la Administración General del Estado (AGE) se ha ahorrado con las medidas sobre gestión de edificios públicos y los 105 millones que ha ingresado mediante el alquiler de los mismos. Asimismo, y en cuanto a los contratos de suministros, Sáenz de Santamaría ha informado de que se sigue trabajando en su racionalización, como ocurre con el "macrocontrato" informático con el que la AGE pretende unificar los sistemas de este tipo que cuestan al año 270 millones y con el que el Estado pretende ahorrarse unos 40 a partir del primer trimestre de 2015.

Sin embargo, la vicepresidenta ha recordado que esta reforma de las administraciones públicas incluye también a las comunidades autónomas, que trabajan asimismo en ello, por ejemplo -ha enumerado-, eliminando 554 de las 734 entidades públicas que deben desaparecer, según el Gobierno; o eliminando los tribunales de defensa de la competencia, como han hecho tres autonomías; o extinguiendo los defensores del pueblo, que han eliminado cinco comunidades. Estas medidas autonómicas, según estima el Gobierno, suponen un ahorro de 1.500 millones de euros.

Frente a estas medidas, que la vicepresidenta ha alentado como "política en minúsculas", pues es la que llega al ciudadano, la oposición ha coincido en subrayar la voluntad "recentralizadora por la puerta de atrás" del Ejecutivo aprovechando la crisis económica. En este sentido, el portavoz del PSOE, Francesc Antich, ha señalado, por ejemplo, la ley de estabilidad presupuestaria, que asfixia a las autonomías con un objetivo de déficit muy inferior al del Estado. La portavoz de CiU ha ido más allá y ha reprochado al Gobierno la "invasión de competencias", por ejemplo, con la reforma de la administración local, que en Catalunya compete a la Generalitat.