El Consejo de Ministros aprobará hoy un decreto ley por el que se recupera, de forma temporal, el Impuesto sobre el Patrimonio, dos años después de dejarlo sin efecto. La vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado (que hoy esta en Polonia con los demás ministros de Finanzas de la UE), aprovechó ayer para explicar las líneas maestras de la medida, que afectará especialmente a los contribuyentes con un patrimonio (inmuebles, acciones, depósitos bancarios, joyas u otros objetos suntuarios...) por encima de los 700.000 euros.

Ese es el nuevo límite a partir del cual se pagará el impuesto. Este mínimo exento es casi siete veces superior al que existía hasta el año 2008 (108.000 euros). Además, en el caso de vivienda habitual, están exentos los pisos hasta un valor de 300.000 euros, el doble del límite que se aplicaba hasta ahora.

El Gobierno suma estos dos nuevos mínimos exentos, lo que da lugar a la cifra redonda de un millón de euros, para subrayar que la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio sólo va a gravar a las grandes fortunas y, por tanto, como dijo la vicepresidenta económica, “ya no afecta a las clases medias” (que fue el argumento que se manejó en su día para explicar la eliminación en la práctica de este tributo).

El impuesto, con los nuevos límites, afectará a 160.000 personas

Según los datos ofrecidos por Salgado, la reactivación del impuesto afectará a 160.0000 contribuyentes, lo que supone alrededor de un 16% de los que lo pagaban anteriormente (los declarantes de 2008 fueron casi un millón). La recaudación estimada por el Ministerio de Economía y Hacienda alcanza los 1.080 millones de euros, prácticamente la mitad de los ingresos generados por Patrimonio en su último año de aplicación (2.100 millones).

El proyecto de real decreto ley no se llevó a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, según fuentes del Gobierno, aunque el Ministerio de Economía y Hacienda así lo aseguraba en la nota de prensa. El hecho de que no fuera debatido en este órgano, donde asisten los titulares de otros ministerios económicos, ni tampoco se llevara a la Comisión de Subsecretarios, ha provocado fuertes críticas dentro del Ejecutivo.

La vicepresidenta explicó que la mayor parte de la recaudación de este tributo se venía concentrando en los patrimonios de mayor tamaño. Y puso varios ejemplos. Así, en su último año de aplicación, sólo 233 personas aportaron el 5,24% de los ingresos. Y las 4.000 personas con un patrimonio superior a los seis millones de euros aportaron la quinta parte de la recaudación total. En el último año de declaración, el patrimonio medio declarado alcanzaba los 560.000 euros en acciones de empresas, los 200.000 euros en inmuebles, y los 30.000 euros en vehículos, joyas y otros bienes de lujo. El Ministerio subraya que el impuesto se restablece sólo para las fortunas más elevadas para que la contribución a la reducción del déficit público sea más “solidaria y equitativa”.

Precisamente, el objetivo de sanear las cuentas públicas es lo que explica que la reactivación de Patrimonio sea sólo temporal, para los años 2011 y 2012, pero de los que se hace la declaración en 2012 y 2013, respectivamente. La vicepresidenta señaló que esos dos años son en los que España tendrá que seguir haciendo esfuerzos para cumplir con el objetivo de déficit comprometido con la Unión Europea (el 3% del PIB en 2013). Así, tendrá que ser el próximo Gobierno el que deberá decidir si mantiene Patrimonio más allá de lo previsto en el decreto ley que el Ejecutivo aprueba hoy.

La exención por vivienda habitual se duplica hasta los 300.000 euros

Salgado, no obstante, adelantó que, en el caso de que fuera el PSOE el ganador de las elecciones generales del próximo 20 de noviembre, pondrá en marcha un nuevo impuesto para gravar a las grandes fortunas, que será distinto al actual Patrimonio, al cual, por lo tanto, sustituiría.

La vicepresidenta, además, aseguró que no está previsto que el Consejo de Ministros de hoy apruebe ninguna otra modificación en materia de impuestos. En las últimas semanas se viene apuntando la posibilidad de que el Gobierno podría aprovechar para elevar nuevamente los impuestos especiales (los que gravan, entre otros, a las bebidas alcohólicas, la cerveza, el tabaco o los carburantes), yendo más allá de la obligación que tiene España de igualar con la UE, a partir del 1 de enero de 2012, el gravamen sobre los hidrocarburos.

Los mínimos exentos y el límite para la obligación de declarar (que ronda los dos millones de euros) son los únicos elementos que cambian en el impuesto con el decreto ley que se aprueba hoy. El resto de los elementos del tributo, como su tarifa (ocho tramos progresivos, con tipos que van del mínimo de 0,2% hasta el máximo de 2,5%), su estructura y su destino, las arcas de las comunidades autónomas.

Se mantienen los 2.100 millones de compensación para las autonomías

La gestión y la recaudación del impuesto seguirá dependiendo de las comunidades autónomas, que tienen la competencia para modificarlo o, por ejemplo, mantenerlo con una bonificación del 100%, lo que supone su eliminación en la práctica, como existía hasta ahora a nivel nacional o como lo establece la Comunidad de Madrid (otras autonomías del PP, como Murcia o el País Valencià, han anunciado que pretenden hacer lo mismo).

Desde la eliminación en la práctica del tributo, las autonomías vienen recibiendo una compensación por parte del Gobierno, equivalente a los ingresos que tuvieron en 2007. Salgado explicó que el decreto ley con el que se recupera Patrimonio no afecta a esa compensación, contemplada en la legislación sobre financiación autonómica. Así, las autonomías seguirán recibiendo ese dinero y las que lo mantengan para su territorio (esto es, que no aprueben ninguna medida como la que existe en Madrid), tendrán además la cuota parte que les corresponda del tributo recuperado.