Gobierno español en funciones aboga por la reforma rápida del Tratado de la UE

El Gobierno español en funciones abogó hoy por una reforma rápida del Tratado, si la UE se decanta por esta vía para alcanzar una mayor disciplina fiscal, y por un papel reforzado del BCE una vez logrado un pacto sustancial en la cumbre.

El secretario de Estado para la UE, Diego López Garrido, valoró hoy la propuesta que presentará mañana a los Estados miembros el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, de "equilibrada", después de que éste les expusiera las líneas generales del informe que ha preparado de cara a la cumbre europea del viernes.

El objetivo de la propuesta es el de fortalecer la convergencia económica, mejorar la disciplina fiscal y profundizar en la unión económica.

Loez Garrido dijo que si es necesario llegar a la reforma del tratado, "habrá que hacerla lo más rápidamente posible, lo más acotada posible" y precisó que esa posición la comparten todos los Estados miembros.

"Lo que peor sienta a los mercados -indicó- son dilaciones", como la que se ha producido en la aprobación de la norma operativa del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) para aumentar su capacidad de intervención.

En cuanto a los eurobonos, López Garrido reiteró que "es algo que tiene que venir, es la consecuencia natural de una zona de moneda única y es la forma en la que se aprovecha más esta zona monetaria, logrando financiaciones mucho más baratas que las que se obtiene si cada uno va por su cuenta".

Matizó, no obstante, que "es necesario fijar antes una fuerte disciplina presupuestaria".

De acuerdo con el secretario de Estado español, en el almuerzo con Van Rompuy ningún país se ha opuesto a la reforma del Tratado de Lisboa.

Se considera que los acuerdos deberían ser a 27, porque a todos los Estados miembros les interesa una eurozona fortalecida, y si no fuera posible habría que ir a un pacto a 17, con señalaron hoy Francia y Alemania.

La propuesta de Van Rompuy contiene una reforzada disciplina presupuestaria con la incorporación de sanciones más duras y más automáticas en caso de incumplimiento, incluyendo la posibilidad de una denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE.