Los incentivos a la instalación de nuevas plantas de energía renovable en España pueden tener los días contados. El Consejo de Ministros analiza en estos momentos un Real Decreto de medidas urgentes en materia de energía que incluye la eliminación de las primas para ciertas instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial y para aquellas de régimen ordinario asimilables a ese régimen. En la práctica, de aprobarse la medida, supondrá una moratoria a la instalación de nuevas plantas de este tipo.

Según ha podido saber Público, la suspensión de las primas, que Industria ni confirma ni desmiente, iría especialmente dirigida a las instalaciones termosolares, afectaría a las plantas de régimen especial que no hayan obtenido aún la inscripción en el Registro de preasignación de retribución, una especie de lista de espera que garantiza el derecho a cobrar el incentivo a las centrales.

Fuentes gubernamentales no confirman si la moratoria será total o afectará en mayor medida a tecnologías como la termosolar, muy criticada por las eléctricas por su elevado coste. Las empresas más afectadas serían el grupo andaluz Abengoa y la constructora ACS.

La suspensión no sería retroactiva, a diferencia de la reducción de primas a la fotovoltaica que aprobó el anterior Ejecutivo, que afectaba a todas las plantas (también a las ya en marcha). Esta medida fue muy criticada por el PP cuando estaba en la oposición, por entender que atentaba contra la seguridad jurídica. Los productores la han recurrido en los tribunales.

El argumento para justificar la moratoria es la compleja situación económica y financiera, que según el equipo del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aconseja la supresión de los incentivos para la construcción de estas instalaciones. Soria comparecerá tras la reunión del Consejo de hoy.

Castigado por la caída de la demanda derivada de la crisis, el parque actual de generación eléctrica adolece de un problema de sobrecapacidad, tras el boom de las renovables y de instalación de plantas de ciclo combinado (gas natural) durante los años de bonanza.

El Ejecutivo pretende promover la reducción de costes aprovechando la curva de aprendizaje de cada tecnología y lograr así que su maduración revierta en un ahorro para los consumidores. Aunque Industria no lo confirma, el procedimiento del citado registro de preasignación también quedaría en suspenso, lo que, por ejemplo, podría afectar a los más de 500 megavatios (MW) de energía fotovoltaica cuya instalación estaba prevista para este año.

Al igual que la subida del IRPF aprobada a finales de diciembre, la medida tendría carácter temporal, al menos, hasta la solución del principal problema del sector eléctrico: el denominado déficit de tarifa o desfase entre ingresos y costes regulados del sistema, que este año oscilará entre los 3.000 y los 5.000 millones, según ha dicho Soria (el tope legal es de 1.500 millones). De acuerdo con el ministro, la deuda embalsada que los consumidores tienen contraída con las eléctricas acumula ya más de 24.000 millones desde que comenzó la década.

Entre esos costes regulados está la retribución al transporte, a la distribución y las primas a las energías renovables, que se sufragan mediante un porcentaje de la tarifa eléctrica que paga el consumidor.

El Ejecutivo ha decidido que en este momento no es necesario continuar con las tasas anuales de instalación de este tipo de tecnologías para lograr al final de la década los objetivos que marca la UE (que un 20% de la energía primaria tenga origen renovable). Soria ha defendido públicamente que España, uno de los líderes mundiales en estas tecnologías, lleva ocho años de adelanto a otros países en su instalación.

El programa electoral del PP prometía, en materia de energías verdes, 'un marco regulatorio que facilite la reducción de costes, la eliminación del déficit tarifario y la sostenibilidad económica'.
Desde que llegó al cargo, el ministro ha tenido buenas palabras para el sector de las renovables y les ha prometido seguridad jurídica. Soria también ha sugerido un recorte a la retribución de las centrales nucleares, al defender, contra el criterio de las grandes eléctricas, que 'algunas' de estas plantas ya están amortizadas y que el actual sistema de fijación de precios mayoristas (pool) les beneficia.

Pero, de momento, eso son palabras. Sus decisiones, con excepción de la congelación de la tarifa doméstica este mismo mes, han sido favorables a las grandes empresas del sector, que han repartido dividendos multimillonarios en el último lustro.
Las eléctricas son las que financian el déficit de tarifa hasta que este se tituliza (se convierte en títulos de deuda negociables), una operación que la crisis financiera y económica está dificultando, lo que amenaza la sostenibilidad de las empresas, que tradicionalmente han sido consideradas un valor refugio por los inversores.

Nada más tomar posesión del cargo, Soria ha iniciado los trámites para conceder una prórroga a la central nuclear de Garoña (cuyo cierre estaba previsto para 2013) y, ahora, propone esta moratoria, que pidió expresamente la patronal de las grandes eléctricas, Unesa, para la fotovoltaica y la termosolar.