Estalló la burbuja inmobiliaria y España se encontró con que toda la riqueza y bonanza que tenía hacía malabares sobre un ladrillo. El desplome del precio de la vivienda ha abierto un agujero en los balances de los bancos, que han dejado de dar crédito y, al mismo tiempo, se niegan a reconocer el precio real de sus activos. Sin hipotecas, sin un ajuste drástico del precio y con un stock que, sólo en la vivienda nueva, se calcula que puede rondar el millón sin vender no hay forma de que deje de destruirse empleo en el sector de la construcción. Los gobiernos quieren dar salida a ese almacén inmenso, ayudar a la venta de pisos para que, en algún momento, vuelvan a construirse nuevos a buen ritmo. No al de 750.000 viviendas al año de los años del boom inmobiliario, pero sí a una cifra asumible por la demanda que los expertos sitúan en 250.000. ¿Qué hacer?

Si el ajuste del precio final no es suficiente, se bajan impuestos. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero empezó el melón en el otoño pasado fijando el IVA de las viviendas nuevas hasta el 31 de diciembre de 2011 en el tipo reducido del 4%. El PP, al entrar a gobernar, decidió prorrogar la rebaja fiscal un año más. Ahora, según el Ministerio de Hacienda, estudian trasladar la rebaja 'a las transmisiones de viviendas usadas entre particulares'.

La rebaja del Gobierno anterior, continuada por este, dejó un agravio comparativo entre la vivienda nueva, que paga IVA y la usada, que paga el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP).

En tiempos de bonanza, el dato de transmisiones de viviendas entre particulares era muy superior al de las nuevas pero, con la crisis, las primeras se vieron más afectadas, como demostró la paulatina reducción de la brecha entre ambas. Tanto es así que en algunos meses de 2011, como en septiembre, hubo más compraventas de pisos de segunda mano que de nuevos.

La rebaja del IVA, que sólo afecta a la nueva, no ha ayudado. El Impuesto de Transmisiones, cedido a las comunidades autónomas, se eleva, en algunos casos hasta el 8%, tipo al que se acogieron las autonomías para equiparar su impuesto al IVA que paga la vivienda nueva tras la subida de mediados de 2010.

¿Puede el Gobierno modificar un impuesto cedido? Sí, al igual que sucedió con el Impuesto de Patrimonio, se trata de un impuesto estatal, es decir, el Gobierno tiene potestad para fijar el tipo básico. Ahora bien, como ocurría con Patrimonio, si la autonomía ha establecido una normativa propia, esta tiene preferencia. Lo que quiere el Ejecutivo, según los expertos, es abrir la puerta a que las autonomías reduzcan el tipo de la vivienda usada. Quedará por ver si se arriesgan a renunciar a parte del ingreso a cambio de poder incentivar más ventas.

La aplicación del IVA reducido del 4% a la vivienda nueva no ha estado exenta de polémica. Bruselas ha hecho un requerimiento a España, aunque de momento no se ha traducido en un expediente, porque la normativa comunitaria permite los tipos reducidos en vivienda si es con un fin social. Como al rebajarse el tipo del 8% al 4% no se especificó este fin, cualquiera que compre una vivienda nueva disfruta de la misma rebaja.

Pero los plazos de los organismos comunitarios son laxos y, según los expertos, es probable que el Gobierno confíe en que, para cuando finalice el plazo establecido de la rebaja (diciembre de este año), no se haya abierto expediente aún.

En cualquier caso, para la revisión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales no habría problema, puesto que en este caso no hay competencia de Bruselas sobre su cuantía.