El Gobierno podría estudiar la regularización del hombre que perdió el brazo

La secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, María Consuelo Rumí, ha calificado hoy de "repugnante" el caso del empleado boliviano que sufrió la amputación de su brazo izquierdo cuando estaba trabajando, al parecer en situación ilegal, en una panificadora de Real de Gandía (Valencia), el Gobierno estudiará su regularización.

Rumí destacó que "la ley contempla actualmente situaciones donde se puede estudiar la posibilidad de la documentación en función de razones humanitarias". Atendiendo a este supuesto, "si se solicita [...] se va a estudiar", puesto que "es evidente que es uno de los casos que puede" acogerse a ella. "Esto llevará sus trámites por parte de la Subdelegación del Gobierno correspondiente".

Celestino Corbacho, por su parte, ha asegurado que "debe recaer todo el peso de la ley" sobre el empresario. Según el ministro de Trabajo e Inmigración, en lo que va de año se ha incrementado un 30% la labor de la Inspección de Trabajo contra "la economía irregular". "Quienes contratan tienen que saber que la Inspección será contundente".

El ministro ha añadido que, en época de crisis, muchas personas "aceptan cualquier puesto de trabajo y alguien puede tener poco escrúpulo para obtener un beneficio económico" sin respetar derechos de los trabajadores.

El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco, trasladó todo su apoyo al trabajador y subrayó el compromiso de su partido contra la economía sumergida, "que florece en épocas de dificultades económicas". Blanco explicó que este caso le produce "un doble sentimiento".

En primer lugar, el de "apoyo" al trabajador víctima de este accidente y condena a la "inhumana" reacción de su superior. Pero además, apostó por ser "implacables" contra "este tipo de conductas" y manifestó su esperanza de que "todo el peso de la ley" recaiga sobre quienes tienen a personas "trabajando en estas condiciones".

Según subrayó, este caso debe servir de "llamada" contra la economía sumergida, "que no se puede consentir en ningún caso", y afirmó que se deberían activar todos los mecanismos de la inspección de trabajo para "intentar que este tipo de conductas no se repitan".