El Gobierno y la Comunidad de Madrid tratarán de buscar un acuerdo sobre el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), según anunció hoy el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, que considera que la normativa invade competencias autonómicas en materia de cajas de ahorros.

De hecho, además de Madrid, otras autonomías como Cataluña, Galicia, Andalucía o Extremadura también cuestionaban esa invasión de competencias y veían la posibilidad de interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el citado decreto.

Ahora, al menos para intentar dirimir las discrepancias con el Ejecutivo madrileño, que también había advertido de la posibilidad de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, se celebrará la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid.

Por ello, antes del próximo 29 de septiembre, el Ministerio de Política Territorial comunicará el acuerdo de la Comisión Bilateral al Tribunal Constitucional y, a partir de entonces, un grupo de trabajo con representantes del Gobierno central y la Comunidad de Madrid iniciarán las negociaciones para resolver sus diferencias.

La solución que se adopte será comunicada a la Comisión Bilateral, cuya creación solicitó el Ejecutivo de Esperanza Aguirre al Gobierno como paso previo a la posible presentación del recurso de inconstitucionalidad.

Dicho recurso iría contra los artículos 7, 8 y la disposición final sexta del real decreto-ley por el que se creó el FROB, ya que en ellos, según la Comunidad de Madrid, se impide que los gobiernos regionales puedan ejercer sus competencias autonómicas para autorizar un proceso de fusión entre cajas de ahorros, en el caso de que una de ellas sea intervenida por el Banco de España.

De esta forma, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre consideraba que se podría ver obligado a asumir una fusión impuesta por el Estado, a través del Banco de España y del FROB, y que incluso podría resultar contraria a sus intereses.

Así, ponía como ejemplo, que si se produjera una fusión entre una entidad viable y otra que no lo es, la comunidad autónoma en cuyo territorio residiera la primera también perdería su derecho a participar de manera preceptiva en la autorización de la fusión con la entidad en dificultades.

En el real decreto se recoge que el FROB puede contemplar la fusión de una entidad intervenida y sólo reserva a los gobiernos regionales la elaboración de un informe previo a la aprobación del plan de reestructuración, lo que el Ejecutivo de Aguirre considera una clara suspensión de las competencias autonómicas para autorizar fusiones entre cajas de ahorros.

En este sentido recuerda que en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid se reconocen al gobierno regional en exclusiva sus competencias en materia de cajas de ahorros -en alusión a Caja Madrid-, y en la ley autonómica de 2003 se recoge que el Consejo de Gobierno del Ejecutivo de Madrid será quien autorice las fusiones interregionales, en coordinación con otros gobiernos autonómicos.

Además, señala que esas competencias nunca han sido discutidas por el Tribunal Constitucional, y entiende que podría ser inconstitucional permitir que el Banco de España pueda incurrir en decisiones que "menoscaban o alteran" la distribución de competencias entre el Estado y las autonomías.