El ministro de Industria ha confirmado que el anterior Gobierno cumplió con el 'procedimiento reglado', muy estricto, para dar luz verde al proyecto Castor. Se hizo así desde 2008, que se dio la primera autorización, hasta 2012, cuando ya el Ejecutivo del PP dio un permiso 'provisional' para la apertura de la planta de gas. Con todo, José Manuel Soria ha admitido que los responsables socialistas emitieron en 2009 una Declaración de Impacto Ambiental que no incluía un informe sobre el riesgo sísmico del proyecto, el cual, 'a la luz de lo ocurrido', se 'debería' haber emitido.

El titular de Industria informó desde la mesa de la portavoz del Gobierno de que el 26 de septiembre se ordenó paralizar todas las inyecciones de gas y la actividad en el almacenamiento Castor hasta que se tengan 'todas las garantías' y se cumplan al 'cien por cien' las condiciones de seguridad para la población.

Como viene haciendo desde hace unos días, Soria ha reconocido la 'probabilidad alta' de que exista una relación directa entre los terremotos y la actividad en Castor, un proyecto con una inversión de 1.200 millones de euros que trata de aprovechar un antiguo pozo petrolífero a 1.750 metros de profundidad bajo el nivel del mar y ubicado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) para almacenar hasta un tercio de la demanda de gas del sistema durante 50 días. El proyecto Castor es propiedad de Escal UGS, participada en 66,67% por ACS, la constructora presidida por Florentino Pérez.

Además, ha calificado de 'excesiva' la retribución prevista por el anterior Gobierno para el almacén subterráneo de Castor y ha anunciado que su departamento trabaja en una auditoría de costes del proyecto. Al aludir a la retribución de Castor durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soria ha indicado que 'la posición del Gobierno en el último año y medio ha sido la de disminuir el nivel retributivo de este almacenamiento de gas por parte de la anterior administración, porque se consideraba excesivo'.

El ministro ha explicado además que el Ejecutivo ha encargado una auditoría 'externa' de costes del proyecto 'en el momento final de la inversión'. El objetivo es 'contrastar exactamente si el importe que la empresa constructora ha trasladado al Ministerio se corresponde exactamente' con lo comunicado por los promotores, indicó.

Esta auditoría tiene un carácter 'extraordinario' y parte de que, en su origen, el proyecto tenía un coste de unos 700 millones de euros. 'Y al final parece que va a estar por encima de esa cuantía', señaló, sin precisar la envergadura del desfase, ya que será necesario esperar a los resultados del estudio.