La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció hoy que en octubre próximo el Gobierno hará una oferta pública de compra de suelo por 300 millones de euros, por la que adquirirá solares privados para la construcción de vivienda protegida (VPO).

Durante su intervención en el Foro Cinco Días, Corredor explicó que en septiembre el Ministerio de Vivienda se reunirá con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para consensuar los criterios con los que se seleccionará el suelo, cuya compra será a través de la entidad estatal de suelo SEPES.

No obstante, adelantó que tendrán más probabilidades de ser adquiridos los suelos susceptibles de transformación inmediata, así como aquellos que se encuentren en poblaciones con una mayor demanda de vivienda.

Sobre el precio de compra, la ministra explicó que dependerá de la ubicación del suelo y de sus características, si bien dejó claro que siempre estará en función del precio de la VPO.

El plazo para presentar las ofertas estará abierto durante tres meses (entre octubre y diciembre) y al término SEPES dispondrá durante seis meses del derecho de compra de todos los suelos presentados a concurso, de tal forma que pueda contar con el tiempo suficiente para evaluar los terrenos conforme a sus características y a las necesidades de los ciudadanos.

Según explicó la ministra, la oferta inicial de 300 millones podría ampliarse, aunque la cuantía exacta no se decidirá hasta que se vea la acogida del concurso, si bien la intención del Gobierno es que esta iniciativa tenga carácter anual.

Aunque en los planes del Ejecutivo está dotar cada año una partida para esta iniciativa en el presupuesto, el importe para próximos concursos dependerá de las necesidades y de la oferta.

Asimismo, Corredor anunció que a partir del próximo año el presupuesto ordinario que SEPES destina anualmente a la compra de suelo aumentará de 100 millones de euros actuales a 150 millones.

La ministra negó que la compra de suelo privado se lleve a cabo para ayudar a los promotores inmobiliarios en dificultades y afirmó que se trata de una medida estructural con la que se pretende avanzar hacia un mercado inmobiliario más sostenible.

En este sentido, dijo que la función del Gobierno no es impedir el ajuste del mercado, sino garantizar el derecho a una vivienda, razón por la que no se tomarán medidas que den continuidad al modelo de mercado de la última década.

"Siempre hemos mantenido que el crecimiento del sector inmobiliario era insostenible con una construcción de viviendas por encima de la demanda", dijo Corredor, quien añadió que al frenazo de las ventas se ha unido la escasez de crédito, lo que agrava la crisis que atraviesa el sector.

Ambas circunstancias se unen, explicó, al hecho de que muchas empresas inmobiliarias están fuertemente endeudadas y citó el caso de Martinsa-Fadesa, que la pasada semana solicitó el concurso voluntario de acreedores, lo que calificó de "mala noticia" para los trabajadores, compradores, ciudadanos y Gobierno.

Por esta razón pidió a las entidades financieras que confíen en el tejido empresarial español y le ofrezcan liquidez para llevar a cabo sus nuevos retos.

Asimismo, solicitó a los empresarios del sector confianza en un Gobierno, que pondrá a su alcance "los medios necesario para conseguir un mercado fuerte".