El Gobierno italiano y los agentes sociales coincidieron hoy en la necesidad de adoptar medidas anticrisis "urgentes" y "con rapidez" para hacer frente a la difícil situación que atraviesa Italia y calmar la inquietud de los mercados sobre las finanzas públicas del país.

Así se desprende de las declaraciones del subsecretario de la presidencia de Gobierno, Gianni Letta, citadas por los medios locales, y de la presidenta de la patronal Confindustria, Emma Marcegaglia, tras la reunión celebrada hoy en Roma.

Letta señaló que "en estos últimos cinco días la situación se ha precipitado" y se declaró consciente de que son necesarias "decisiones rápidas y coherentes" para las que el Gobierno valora todas las hipótesis.

Por su parte, Marcegaglia insistió en que el país necesita que las medidas se adopten "rápido y bien".

Pese al acuerdo en este aspecto, la patronal y los sindicatos lamentaron que durante el encuentro el Ejecutivo no explicara las medidas que piensa adoptar para hacer frente a la situación y consideraron la reunión insuficiente.

Por el momento, lo único que ha trascendido de este encuentro fue que la próxima semana se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario, para el que se barajan como fechas los días 16 o 18 de agosto, en el que se aprobarán por decreto ley las reformas y medidas anticrisis exigidas a Italia por el Banco Central Europeo (BCE).

Asimismo, según los medios, que citan fuentes presentes en la negociación, el ministro italiano de Economía, Giulio Tremonti, confirmó el objetivo de anticipar el equilibrio de balance a 2013, en lugar de 2014, como estaba previsto en el plan de austeridad aprobado a mediados de julio.

Letta manifestó la intención del Ejecutivo de constituir mesas de trabajo en los próximos días entre el Gobierno y los agentes sociales para estudiar medidas concretas en el ámbito laboral y las infraestructuras, así como sobre liberalizaciones, privatizaciones y servicios públicos.

El de hoy es el segundo encuentro en menos de una semana entre el Gobierno y los agentes sociales para abordar y alcanzar un acuerdo sobre las nuevas reformas económicas que debe adoptar Italia.

Sin embargo, la reunión fue criticada por la secretaria general del sindicato de base CGIL, Susanna Camusso, quien señaló que "no había estado a la altura de los problemas que afronta Italia y de la transparencia que sería necesaria" en estas circunstancias.

Los únicos en comparecer en rueda de prensa tras el encuentro fueron los representantes sindicales junto a Marcegaglia, encargada de dirigirse a los medios en una breve intervención en la que se limitó a confirmar el compromiso de actuar la semana que viene.

Marcegaglia explicó que los agentes sociales insistieron en los aspectos ya planteados la semana pasada, sobre todo en la necesidad de reducir los costes de la política, entre los más altos de Europa, al tiempo que subrayó la necesidad de que el plan que lleve a cabo el Ejecutivo sea "equitativo y riguroso".

Y es que después de la reunión del pasado jueves que mantuvieron el Gobierno, la patronal y los sindicatos la presión sobre Italia se ha incrementado, con la Bolsa de Milán que un día después se desplomaba más de un 5 por ciento y con la prima de riesgo que se disparaba hasta los 406 puntos básicos.

Así, el primer ministro italiano, Silvio Berlusconi, se vio obligado a anunciar la adopción de nuevas iniciativas económicas y el adelantamiento de medidas incluidas en el plan de austeridad de julio, a raíz de las exigencias del BCE a cambio de comprar deuda pública de Italia y rebajar así la presión sobre el país.

No se conocen de forma oficial dichas reformas, aunque los medios han publicado que entre éstas se contempla la imposición de un gravamen adicional sobre la segunda vivienda y un aumento de los impuestos sobre los rendimientos financieros y sobre el patrimonio.

También se prevé la privatización de empresas municipales y la venta de parte de las participaciones del Estado en algunas compañías que ya cuentan con capital privado, así como el adelanto del proceso por el cual se retrasaría la edad de jubilación vinculándola a la esperanza de vida y la introducción de cambios en el sistema de asistencia y de pensiones.

Éstas últimas medidas topan con las críticas no solo de la oposición y los sindicatos, sino también de los socios del Gobierno, el partido federalista Liga Norte, que a través de su líder, Umberto Bossi, ha insistido en que las pensiones "no se tocan".