El Gobierno japonés aprobó hoy el presupuesto para el año fiscal 2010, que comienza en abril, por valor de 92,3 billones de yenes (701.041 millones de euros), el más alto de la historia de Japón, según informó la agencia local Kyodo.

La aprobación finalmente llegó antes de final de año, tal como se había propuesto el primer ministro, Yukio Hatoyama, que ha tenido que mediar entre algunos miembros de la coalición gubernamental que estaban en desacuerdo.

El objetivo de Hatoyama era mantener el presupuesto por debajo de la cifra fijada hoy, ya que una de sus promesas electorales fue mantener a raya los gastos innecesarios y el aumento de la deuda pública, cercana al 200 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

Las cuentas, que iniciarán el trámite parlamentario en enero, superan al presupuesto del actual ejercicio, aprobado por el anterior Ejecutivo del Partido Liberal Demócrata (PLD), por valor de 88,5 billones de yenes (672.558 millones de euros).

El gubernamental Partido Democrático (PD), que ganó las elecciones a finales de agosto, tiene mayoría en las dos cámaras de la Dieta (Parlamento), por lo que no tendrá dificultades para sacar adelante la ley de presupuestos.

Debido a la crisis económica, la financiación presupuestaria deberá contar con la caída de los ingresos fiscales del país asiático a su nivel más bajo desde 1984.

Por esta razón, el Gobierno nipón deberá incrementar su emisión de deuda en un 33,1 por ciento, respecto a lo inicialmente previsto.

Hatoyama ha prometido mantener la emisión de deuda alrededor de los 44 billones de yenes (334.190 millones de euros), para evitar la pérdida de confianza de los inversores en el mercado de bonos estatales.

No obstante, este año fiscal será el primero desde la II Guerra Mundial en que la emisión de deuda supere a los ingresos del Estado por impuestos.

El proyecto presupuestario, el primero presentado por el nuevo Gobierno de Hatoyama, financiará ayudas a las familias con hijos para que cursen sus estudios e intentará estimular la demanda interna, a la vez que reducirá los gastos en obras públicas un 18,3 por ciento.