El Gobierno mantendrá el recurso a la Ley de Cajas pero dialogará con la Xunta

El Gobierno mantendrá el recurso a la Ley de Cajas de Galicia ante el Tribunal Constitucional porque excede las competencias autonómicas, si bien expresó su disposición a dialogar con la Xunta sobre las "cuestiones ineludibles" que hay que solventar pues, de lograrlo, lo retirará.

Así lo manifestó en rueda de prensa la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras mantener un encuentro de casi dos horas con el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y otros miembros de la Administración gallega.

En la reunión, Núñez Feijóo entregó a Fernández de la Vega un documento con la transcripción de artículos de otras leyes autonómicas vigentes y no recurridas sobre cajas de ahorro que avalan la posición de la Xunta en insistir que la norma aprobada por el Parlamento gallego el pasado 29 de diciembre "es respetuosa con la Constitución", alegó el presidente del Gobierno autonómico.

Sin embargo y ya antes de mantener las reuniones "inmediatas" entre los responsables de las áreas de los dos gobiernos para buscar una solución a la ley gallega, Núñez Feijóo y Fernández de la Vega protagonizaron un intercambio de impresiones en las que habrá que avanzar para el acuerdo sobre el diagnóstico jurídico de la norma.

Los dos grupos de argumentos en los que la vicepresidenta primera basó el recurso del Gobierno son la solvencia, en relación a quién la determina, que es el Banco de España como órgano de supervisión, y la representatividad en los órganos de gobierno de las cajas.

La réplica de Núñez Feijóo se sostuvo en mantener el nivel competencial de Galicia y avanzar en la fusión de "una gran caja gallega solvente", con dos "límites": "Me someto a la Constitución y a las leyes de otras Comunidades autónomas que se han aprobado y no se han recurrido".

"Hay posibilidad de arreglarlo adaptando la norma a la Constitución", le respondió Fernández de la Vega como requisito para retirar el recurso, tras insistir en que los artículos que presenta la Xunta en relación a otras leyes autonómicas "no son los mismos" en su literalidad, por lo que insistió en "sentarnos para analizarlo desde un punto de vista técnico-jurídico-constitucional".

A partir de ahí queda todo por negociar ante un recurso que "no va ni contra el autogobierno de Galicia ni contra la fusión de las cajas gallegas", subrayó la vicepresidenta primera, quien atribuyó las discrepancias a distintas interpretaciones de la norma.

En su opinión, "no hay discrepancia que no se pueda resolver" y se mostró "convencida de que a cada uno nos asiste nuestra razón", por lo que abogó por "dialogar y buscar la razón de la Constitución" tras expresar su seguridad en que "si se solventan determinadas cuestiones ineludibles, el Gobierno no tiene ningún problema".

En este sentido, insistió en que la competencia del Gobierno es "preservar la normativa" y no abordar una fusión de las cajas gallegas, que "incumbe a la Xunta", precisó, que es la que "promoverá la decisión que interese más y mejor a los gallegos".

Núñez Feijóo agradeció la disposición del Gobierno al acuerdo pues "es la primera vez que el Gobierno nos dice que está dispuesto a hablar", aunque lamentó que "se iniciase el conflicto judicial antes de hablar".

Pero no terminó el debate con esta declaración, a la que siguió su insistencia en que la Ley de Cajas gallega muestra un "respeto máximo" a la Constitución y al Estatuto de Autonomía y a "cualquier garantía de solvencia de cualquier fusión".

Al hilo de ello, también agradeció que el Ejecutivo reconozca que la fusión es competencia de Galicia y que "no va a entrar a bloquear ninguna decisión" sobre ella, por lo que confió en que en la reunión que mantengan ambos gabinetes se realice una "comparación sosegada" de los artículos en cuestión.

"Me vale cualquier artículo del resto de leyes de Comunidades autónomas en lo que se refiere a la ley gallega", dijo el presidente autonómico en aras del consenso, si bien volvió a aludir a que el contenido de la ley en cuanto a la autorización de un SIP, la representatividad de los órganos de gobierno, el registro de altos cargos y de las mayorías para una fusión es constitucional.

A su juicio, de lo que se trata es de "acordar, no recortar", por lo que mostró su esperanza en que a partir de hoy se abra una etapa de "sustituir el conflicto por el acuerdo entre gobiernos", opinión que compartió la vicepresidenta al destacar que el Ejecutivo "ha descendido muchísimo la conflictividad" con las autonomías.

Sobre las ayudas del Fondo para la Reordenación Ordenada Bancaria (FROB) dijo que "tiempo hay todavía" para pedirlas, y en ese sentido "estamos actuando con celeridad y eficacia", concluyó.