El Consejo de Ministros dio luz verde el sábado al proyecto de Ley de reforma del aborto, que mantiene que las menores de más de 16 años pueden terminar su embarazo sin necesidad de consultar a sus progenitores, informó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

"El resultado es una ley sensata y ajustada al derecho que más de dos décadas después de la primera legislación quiere dar respuesta sin dogmatismos a las carencias de la primera ley (...) en sintonía con los países de nuestro entorno y atendiendo a las recomendaciones institucionales", dijo De la Vega.

La vicepresidenta agregó que la ley ofrecía "seguridad y garantías" a la mujer y a los profesionales sanitarios y que se había redactado tras escuchar a un amplio número de expertos legales, sanitarios y parlamentarios.

El proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo liberaliza la interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación y ha abierto un intenso debate político y social, especialmente en lo referente a las menores de más de 16 años.

La ley de plazos que introduce la reforma establece además la posibilidad de abortar hasta la semana número 22 si hay un alto riesgo para la vida o la salud de la madre o anomalías en el feto y sin límite médico con anomalías muy graves o incurables o cuando los especialistas lo consideren pertinente.

El Gobierno anunció que ha introducido una serie de mejoras respecto al anteproyecto de ley para incluir las recomendaciones del Consejo de Estado.

Entre ellas destaca la presencia de expertos en diagnóstico prenatal en los comités pluridisciplinares que valorarán los casos en los que se detecten enfermedades extremadamente graves e incurables en el feto. La decisión final correrá a cargo de la mujer.

También se han incluido las recomendaciones de la Agencia de Protección de Datos para preservar la identidad de las mujeres que decidan abortar.

"La voluntad de todos, del Gobierno, es prevenir embarazos no deseados, que una mujer tenga el derecho a poder desarrollar con todas garantías su salud sexual y que ninguna mujer tenga que verse en la durísima decisión de abortar", agregó De la Vega.

Desde los grupos contrarios al aborto, se ha pedido al Gobierno que elimine esta reforma al considerar que no responde a las demandas de la sociedad.

"Los promotores de la reforma no han podido rebatir muchas de las evidencias planteadas en el debate científico, jurídico y social. Ante este hecho, pretenden imponerla por la exclusiva fuerza de los votos", dijo el viernes José Luis Requero, magistrado de la Audiencia Nacional y miembro del Comité de Expertos de la organización pro-vida Derecho a Vivir.

El texto se remitirá al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria.