El Gobierno modificará la Ley de libertad Religiosa para hacerla "acorde a los tiempos"

España vivirá "dentro de poco" un "importante debate social" sobre la Ley Orgánica de Libertad Religiosa (en PDF), en vigor desde hace casi 30 años.

Tras el anuncio lanzado ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, respecto a que será uno de los ejes sobres los que girará la política social de los próximos meses, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha avanzado este miércoles que las modificaciones se acometerán para "hacer una regulación más acorde con estos tiempos".

Como ha recordado, la actual norma "data de muchísimos años", casi desde que se implantó en democracia. Desde 1980 se ha producido una evolución social "importante", una evolución de la " pluralidad desde el punto de vista religioso" que el nuevo texto tratará de recoger.

Los cambios se aplicarán después de que, según ha augurado De la Vega, se produzca un "importante debate social" del que el Gobierno -que no ha "entrado todavía en el debate del contenido explícito de la ley"- se servirá.

El Gobierno augura que se producirá un "importante debate social"

"Me va a permitir que de momento me quede ahí. Dentro de poco vamos a tener un debate en el que perfilaremos las líneas generales del nuevo proyecto de ley. Como todo lo que afecta al desarrollo de derechos constitucionales, con un importante debate social", se ha limitado a aventurar.

Desarrollo de derechos

Por otra parte, pregunta daacerca de si el debate del aborto y del laicismo son "cortinas de humo o proyectos ideológicos" en estos momentos, ha pedido mezclar ambas cuestiones porque "responden a situaciones diferentes", aunque ha constatado que ambos son "proyectos que afectan a desarrollo de derechos" que se plantean en la sociedad y que el Gobierno tiene "obligación y compromiso de abordar" con el fin de llegar a una "mejor y más elevada calidad de la convivencia democrática".

Concretamente, sobre la posibilidad de que haya alguna opción de reforma en el trámite parlamentario sobre el proyecto de ley del aborto que plantee el Ejecutivo, constató que el Gobierno tiene la primera palabra, pero no la última, que la tiene el Parlamento "a través de los acuerdos y el consenso" que, sostuvo, el Ejecutivo va a "promover".