El Gobierno muestra "su compromiso" de avanzar en la laicidad estatal

"Compromiso". Esta es la palabra que ha empleado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para asegurar que el anteproyecto de modificación de la ley de libertad religiosa abordará la cuestión de los símbolos religiosos y avanzará en la laicidad del Estado.

Ayer Zapatero aseguraba que el debate sobre los crucifijos "no está en la agenda del Gobierno" y emplazaba la retirada de estos símbolos hasta que la futura Ley de Libertad Religiosa contemple los supuestos.  El secretario general de ICV y diputado en el Congreso, Joan Herrera, ha interpretado estas palabras como un paso atrás en la decisión de retirar las cruces de las aules.   "El Gobierno del PSOE ha dicho que la sentencia del Tribunal de Estrasburgo no le afecta, y esto es mentira", recrimina Herrera, el cual ha acusado a Zapatero de usar la confrontación con la Iglesia de manera ficticia para fines partidistas.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró el 3 de noviembre la presencia de los crucifijos en las aulas "una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones" y de "la libertad de religión de los alumnos". La sentencia responde al recurso presentado por Soile Lautsi, una ciudadana italiana de origen finlandés, que en 2002 había pedido al instituto estatal italiano en el que estudiaban sus dos hijos que quitara los crucifijos de las clases.

Las palabras de Zapatero restan urgencia a la proposición no de ley aprobada el miércoles en el Congreso, a iniciativa de Esquerra y apoyada por el PSOE, para que el Ejecutivo iniciara los mecanismos oportunos para aplicar en España la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Hoy, de la Vega ha vuelto a ser preguntada por la cuestión y ha expresado el "compromiso" del Gobierno de revisar la ley orgánica de libertad de conciencia y religiosa para "adecuarla" al pluralismo de la sociedad y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Ha insistido en que se garantizarán los derechos de todos y "la neutralidad de las instituciones", en línea con los principios de la Constitución, de su artículo 16, con la jurisprudencia constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.