El Gobierno ha sido exigente a la hora de pedir nuevos saneamientos del riesgo que las entidades financieras tienen en el ladrillo. Pero también ha creado un camino más suave para aquellas que se fusionen (con el objetivo de reducir el tamaño del mercado) y ahora teme que algunas intenten usar esa vía (aunque no sea el más viable) para retrasar las exigencias o para poder hacerlas con cargo a su patrimonio y no restándolo de sus beneficios. Por eso, fuentes del Ministerio de Economía destacaron ayer que serán 'contundentes' y no permitirán que se realicen integraciones que no den lugar a una entidad más viable, y mucho menos que se aproveche esa opción sólo para retrasar el cumplimiento de la norma (las fusionadas tendrán seis meses más que el resto). 'Han de ser viables y que tengan sentido. Plantear la operación para conseguir sin más el beneficio (de la ley) tiene poco sentido', aseguraron ayer estas fuentes, que no quisieron hablar de entidades concretas. No obstante, esta definición podría cuadrar perfectamente en el caso de Bankia, por ejemplo, que ha decidido pujar por Unnim en el último momento y que sólo aumentaría su tamaño un 10% con la operación y no ganaría solvencia ni liquidez, salvo por las ayudas que pudiera recibir. También podría ser una tentación para otras entidades, que ahora quieran adquirir Banco de Valencia, otra entidad de tamaño asumible y cuya compra podrían rentabilizar si las garantías recibidas del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) son elevadas y si pueden cargar todo el saneamiento contra su capital. El Gobierno no ven con buenos ojos estas intenciones y tampoco que entidades que tienen ayudas en su poder puedan pujar en subastas de entidades nacionalizadas, como es el caso de Bankia y Banca Cívica en Unnim, o en el futuro podría ser con BMN o Unicaja (ya fusionada con España-Duero) en Banco de Valencia. No en vano, fue el Banco de España quien cambió la normativa hace menos de un mes para que esto pudiera ocurrir, ya que antes lo tenían prohibido.

En el Ministerio de Economía utilizan un argumento para toda su filosofía: 'El mercado no aguantaría fusiones dudosamente viables, por lo que hay que ser más contundentes que hace dos años'. En aquel momento, el Banco de España no pudo vencer a los gobiernos regionales, que impusieron su autoridad para vetar algunas fusiones e imponer otras, como en el caso de la Xunta de Galicia con la unión de Caixa Galicia y Caixanova. Ahora, el Gobierno se ve con las manos mucho más libres porque es del mismo partido que la mayoría de las comunidades autónomas y porque la situación es tan crítica que ya no están las cosas para caprichos políticos regionales.

El FGD y el FROB asumirán las nuevas provisiones de CAM, Cajasur y CCM

El real decreto aprobado el sábado permite al Gobierno negarse a autorizar fusiones que no sean de su gusto. Y, además, da cierta discrecionalidad al Banco de España para permitir uniones que supongan un aumento del tamaño de la más grande de sólo el 10%.

Aunque la normativa no lo detalla, el Banco de España ha explicado que los 50.000 millones de euros en los que se han fijado las necesidades de saneamiento no incluyen las pérdidas que tienen que asumir CCM, CAM y Cajasur. En los dos primeros casos, pagará el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) las nuevas aportaciones que haya que realizar, y en el de la caja cordobesa será el fondo público de rescate (FROB). Esto es consecuencia de que se concedió un Esquema de Protección de Activos (EPA) a las entidades que las adquirieron y el Ejecutivo no quiere ahora hacerles pagar más dinero del que había pactado con ellas en la subasta.

Para que el FGD pueda hacer frente a estas dotaciones, quizá tendrá que hacer una derrama porque sus fondos quedarán muy mermados con la salvación de la CAM. Otra posibilidad es que se endeude con cargo a los ingresos que tendrá de las entidades en los próximos años. Lo que no pretende el Ejecutivo es darle un préstamo a través del FROB porque eso supondría aumentar el déficit y la máxima actual es que sea cual sea la solución para cualquier problema no debe traducirse en un aumento del descuadre de las cuentas públicas.

Esas necesidades no están incluidas en los 50.000 millones anunciados

Las nuevas ayudas que se van a entregar se han diseñado de manera que no lo incrementen y tampoco quieren que eso ocurra para financiar al FGD. Estos apoyos tendrán un límite aproximado del 2% de los activos ponderados por riesgo de las entidades que las soliciten después de anunciar su fusión. Eso supondrá que cualquier fusión no será viable únicamente por el hecho de tener sustento estatal. El precio lo pondrá Bruselas.