El Gobierno ha hecho caso omiso a las propuestas planteadas por varios ciudadanos y organizaciones para que la Casa Real estuviera incluida en la ley de transparencia que va aprobar el Ejecutivo. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que la Casa del Rey no estará incluida en esa nueva normativa porque 'no forma parte del grupo de administraciones públicas' que deben facilitar documentos a la ciudadanía.

El Consejo de Ministros ha estudiado hoy las peticiones que, en estos últimos quince días han realizado los ciudadanos para que se incluyeran en el borrador de la citada normativa que se presentó hace ya dos meses. Sáenz de Santamaría ha explicado que, en total, el Ejecutivo ha recibido 3.669 correos con observaciones ciudadanas, y que en el registro se han depositado, además, 14 aportaciones.

Además de las referidas a la Casa Real, el Ejecutivo tampoco ha tenido en cuenta las peticiones que reclamaban el conocido como silencio positivo. Es decir, que los ciudadanos tuvieran la posibilidad y el derecho de reclamar informaciones respecto a asuntos de los que las administraciones no informan por suponer un peligro para la seguridad del Estado.

Sáenz de Santamaría ha explicado que el Gobierno ha decidido mantener el silencio negativo, a pesar de que ha habido numerosas peticiones contrarias, porque cree que es necesario en materias 'sensibles' como la seguridad nacional, o para proteger intereses 'públicos o de terceros que hay que preservar'.

Los que sí estarán sometidos a la Ley de Transparencia serán los adjudicatarios de los contratos públicos, así como los colegios profesionales. Esta es la principal novedad respecto al borrador que aprobó el Ejecutivo.

El Ejecutivo ha decidido por otra parte reforzar la independencia de la futura Agencia de Transparencia -hasta ahora agencia de calidad de los servicios- con un régimen de nombramiento de su presidente similar al de los organismos supervisores. 'Que lo que la ley incluya se cumpla'. Ese es el principal objetivo del Gobierno para esta ley que, según ha insistido la vicepresidenta, ayudará a la credibilidad de España.