El Gobierno solicitará el lunes, mediante un recurso de inconstitucionalidad, la suspensión cautelar de la Ley de Cajas de la Comunidad de Madrid, aprobada al cierre del pasado año por el Ejecutivo regional, que defiende su aplicación en el proceso electoral de Caja Madrid iniciado desde otoño.

Según explicaron fuentes jurídicas a Efe, aunque la propia impugnación por parte del Estado de una ley autonómica podría provocar la suspensión cautelar de la misma durante cinco meses, se esperará a que el Tribunal Constitucional decida si admite a trámite el recurso.

En caso de que así lo hiciera, quedaría por aclarar cómo podría continuar el proceso electoral de Caja Madrid, que debería culminar en septiembre con la renovación de todos los órganos de gobierno de la entidad, incluida la presidencia, que actualmente ocupa Miguel Blesa.

El recurso, que presentará el abogado del Estado dos días antes de que termine el plazo para recurrir la ley, sorprendió al Partido Popular de Madrid, que defiende la legalidad de la normativa y recuerda que contó con el apoyo del grupo socialista en la Asamblea de Madrid para su aprobación.

Aún así, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, recordó que será el Tribunal el que decida sobre la inconstitucionalidad o no de la ley, algo que las partes tendrán que acatar.

La ley, promovida por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre, entró en vigor el 1 de enero de este año y dividió a los órganos de gobierno de Caja Madrid entre partidarios de su aplicación en estas elecciones y una mayoría contraria a ello.

Dicha norma establece que la representación de los distintos grupos está en función de la cifra de depósitos entre las diferentes comunidades autónomas en que tengan abiertas oficinas, dentro del porcentaje atribuido a cada uno de ellos.

Según el recurso que interpondrá el Gobierno, la Ley de Cajas aprobada por la Comunidad de Madrid contempla la creación de dos circunscripciones electorales -una para los municipios de la Comunidad y otra para los del resto de las comunidades en los que Caja Madrid tenga oficinas abiertas-.

Es la existencia de estas dos circunscripciones electorales la que puede, según el Gobierno, alterar la proporción que exige la Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA).

Además, el Gobierno de Aguirre y los defensores de sus tesis en Caja Madrid han insistido en el carácter retroactivo de la norma con el fin de que se aplicara al proceso electoral abierto en la caja desde octubre de 2008, lo que haría prácticamente imposible la reelección en septiembre de Blesa como presidente de la entidad.

El Gobierno regional ya advirtió el pasado lunes de que impondría unos estatutos en la caja adaptados a la nueva normativa, después de que ese día la Asamblea General de la entidad lo rechazara, lo que provocó la crítica del presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Juan Ramón Quintás, quien consideró la situación como el caso de "intervencionismo público más descarado" que recordaba.

Según explicó ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la representación en los órganos de gobierno que establece la normativa regional es contraria al "criterio de proporcionalidad" que establece la LORCA de 2003.

Esa razón, unida a un informe del Consejo de Estado que dice "de forma tajante y casi textual" que existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer un recurso de inconstitucionalidad, hacen "muy difícil no actuar" al Ejecutivo, tal y como reconoció en la misma rueda de prensa el vicepresidente segundo, Pedro Solbes.

El ministro de Economía y Hacienda, que a principios de semana dijo que era "lamentable" poner a Caja Madrid en el terreno del debate político permanente, consideró ayer "un poco chocante" que, una vez iniciadas las elecciones en Caja Madrid se hayan cambiado "las normas del juego".