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El Gobierno perdona 600.000 euros a quien defraudó al fisco un millón

El recurso del PSOE contra la amnistía fiscal se vale de ejemplos para denunciar que la medida vulnera "los principios constitucionales de igualdad, proporcionalidad y progresividad del sistema tributario"

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Un español que hubiera ocultado en un paraíso fiscal un millón de euros obtenido en 2008, y quisiera ahora presentar ese dinero en su declaración de la renta, tendría que pagar a Hacienda sólo el 10% -100.000 euros- de esa cuantía para regularizar su situación, según la amnistía fiscal aprobada en marzo por el Gobierno. En cambio, si declarara ahora esa cantidad con el anterior marco legislativo, y después de que la administración advirtiera su fraude, lo que tendría que pagar al fisco podría ascender hasta los 715.874 euros. Es decir, que la reforma del PP perdona a ese defraudador hasta 600.000 euros.

Este es uno de los ejemplos que cita el PSOE en el recurso de inconstitucionalidad (ver PDF) contra el decreto ley que aprobó el Ejecutivo que preside Mariano Rajoy, y que incorporó la amnistía fiscal como parte de una serie de medidas encaminadas a la reducción del déficit. Además del texto que han presentado este lunes ante el Tribunal Constitucional, los socialistas llevarán a la Audiencia Nacional otro recurso contencioso-administrativo (ver PDF) para paralizar de inmediato la puesta en marcha de la medida, que fue convalidada por el Congreso el 12 de abril con los votos a favor de PP, CiU, UPN y Foro Asturias

En este segundo texto, denuncian la orden del pasado 31 de mayo que modificó el primer decreto ley que regulaba la amnistía fiscal, y que permite que el dinero en efectivo se pueda regularizar con la simple condición de pasarlo por una cuenta bancaria, antes de la presentación de la declaración.

En el escrito que han presentado ante el TC, al que ha tenido acceso Público, los servicios jurídicos del PSOE arremeten contra la fórmula de regularización fiscal aprobada por el Gobierno, que permite el retorno a España del capital oculto pagando un 'gravamen especial' del 8% o el 10% y quedando el defraudador exonerado de cualquier penalización o sanción.

Los socialistas consideran que la medida 'es subjetivamente selectiva y manifiestamente desproporcionada', ya que llega incluso a 'contravenir abiertamente los más elementales principios de un sistema tributario justo', sin el cual 'no puede hablarse de un Estado social y de Derecho' que contempla la Constitución en su artículo primero. Porque, a juicio del PSOE, la amnistía fiscal 'es frontalmente contraria a los principios constitucionales de igualdad, proporcionalidad y progresividad' del sistema tributario, al no respetarse la imposición a todos los españoles los mismos gravámenes, al vulnerar el principio de justicia en la carga tributaria y al no establecer el pago según la capacidad contributiva de cada ciudadano. 

Son dos los artículos que según los socialistas habría violado el PP con su polémica iniciativa que desde el Gobierno se han resistido a calificar como amnistía fiscal, con el empleo de innumerables eufemismos: el 31 y el 86. El caso más flagrante sería el primero, que establece que todos los españoles 'contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica, mediante un sistema tributario justo, e inspirado en los principios de igualdad y progresividad que en ningún caso tendrán alcance confiscatorio'.

Y es que la amnistía fiscal supone la implementación de una excepción para ayudar a los defraudadores. Crea un nuevo gravamen 'de carácter temporal, naturaleza personal y directa, de sujeción voluntaria y alternativo al IRPF, al Impuesto de Sociedades y al Impuesto sobre la Renta de no Residentes'. Provoca, por tanto, 'un cambio sustancial en la posición de los ciudadanos en el conjunto del sistema tributario' al crear 'exnovo' un nuevo tributo y es 'claramente inconstitucional', a juicio de los socialistas. 

La amnistía fiscal vulnera además 'frontalmente' el principio de 'generalidad', porque 'exime del pago del impuesto sobre la renta a un amplio colectivo de contribuyentes' cuya característica es 'la de haber defraudado a la Hacienda Pública y no haber sido descubiertos por la administración tributaria'. El único elemento diferenciador entre los destinatarios de los beneficios fiscales del Gobierno y el resto de contribuyentes es, pues, 'que los primeros incumplieron sus obligaciones fiscales y no fueron descubiertos por la Administración, mientras que los segundos cumplieron en plazo sus obligaciones fiscales'. La desigualdad es, en consecuencia, 'incuestionable', a juicio del PSOE, al colocar a un colectivo de contribuyentes defraudadores en una 'situación de absoluto privilegio fiscal'. 

El artículo 86 de la Carta Magna establece, por su parte, que los decretos leyes 'no podrán afectar (...) a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos'. Los socialistas consideran que entre esos deberes 'se encuentra el deber constitucional de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos' que recoge el artículo 31, por lo que la fórmula escogida por el Gobierno para aprobar la mencionada iniciativa, iría también en contra de la Constitución.