El Partido Popular llevaba semanas avisando de su intención de tomar la radio y la televisión pública españolas. A lo largo de esta semana, diversos sectores del partido en el Gobierno han reclamado a Mariano Rajoy medidas para poner freno a lo que ellos consideraban ataques continuos a su partido en los informativos de TVE. En el Consejo de Ministros celebrado hoy, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha dado forma a la fórmula de asalto.

El Gobierno rompe con la ley aprobada por el anterior Ejecutivo de Zapatero en 2006, por lo que el presidente de la Corporación podrá ser elegido por mayoría absoluta del Congreso y no por la mayoría de dos tercios como hasta ahora. De esta manera, se pone fin al espíritu de una televisión pública no gubernamentalizada. “Era urgente desbloquear la situación que vivía RTVE”, ha señalado Sáenz de Santamaría.

El Gobierno rompe con el consenso con el que se nombraron los dos anteriores presidentes

La elección del presidente de RTVE ya no necesitará el consenso entre los principales partidos. Actualmente, la elección del presidente debía ser acordada por una mayoría de dos tercios en el Parlamento. Con la reforma, se procederá a una primera votación que buscará el acuerdo de dos tercios en la Cámara Baja. En caso de no producirse, se procederá a una segunda votación en la que será suficiente una mayoría absoluta (176 de los 350 diputados).

La ley de 2006 de la Radio y la Televisión de Titularidad Estatal establecía en una disposición transitoria que en el caso de que en una primera votación no se alcanzara el acuerdo de dos tercios del Congreso, dos meses después, se procedería  a una segunda votación en la que sería suficiente una mayoría absoluta. Esta disposición, no obstante, sólo tenía validez para la elección del primer presidente de la Corporación.

Ahora, el Gobierno recupera esta disposición para poder manejar a su antojo RTVE y asegurarse, de esta manera, poder decidir el presidente de la Corporación sin necesidad de pactar con ningún grupo parlamentario el nombre de su presidente y los miembros del Consejo de Administración.

A partir de ahora los consejeros de la Corporación serán 9 en lugar de 12 y no tendrán dedicación exclusiva

El razonamiento aportado por el Gobierno es la necesidad de desbloquear la actual situación de desgobierno que vive la Corporación desde que en junio del año pasado dimitiera su presidente Alberto Oliart. Desde entonces, la Corporación ha estado presidida por los miembros del Consejo de Administración de manera rotaria en turnos de un mes. No obstante, de los 12 consejeros que marcaba la ley sólo nueve continuaban ejerciendo el cargo.

La vicepresidenta también ha señalado que la decisión era muy urgente debido a que RTVE no podía continuar con esta situación. "La Corporación no podía gestionar sus presupuestos, ni contaba con la posibilidad de cumplir con los ajustes de Hacienda sin un presidente", ha explicado Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta también ha anunciado que el Consejo de Administración de RTVE  estará formado por nueve consejeros en lugar de 12. Además, los consejeros ya no tendrán dedicación exclusiva a la Corporación por lo que sólo recibirán dietas los días en los que haya pleno del Consejo. “Cada consejero tenía un sueldo de 110.000 euros. Hagan cuentas y vean cuánto se ahorra”, ha declarado Sáenz de Santamaría.

Privatización de las televisiones autonómicas

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley que permitirá que las comunidades autónomas podrán elegir entre mantener la televisión pública o no. Y en caso de continuar, también podrá elegir entre sacarla a concurso y privatizarla o mantener en sus manos la gestión de forma directa, es decir, con sus propios medios humanos y materiales.

De cualquiera de las maneras, el gestor de la televisión autonómica deberá equilibrar ingresos y gastos, de acuerdo con la Ley de Estabilidad Presupuestaria, según ha informado hoy la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

La norma, que se tramitará por procedimiento de urgencia, permitirá a las comunidades que, si no mantienen sus televisiones, saquen a concurso las frecuencias de las mismas. La vicepresidenta aseguró que se trata de una "importante medida de austeridad al servicio de las comunidades autónomas", dado que flexibiliza el modo de gestión de sus televisiones.

La nueva norma, ha añadido, amplía la capacidad de gestión y decisión de las comunidades en su marco de autogobierno para decidir cómo prestan la actividad de televisión autonómica. Sin embargo, en realidad se trata de hacer realidad los deseos de algunos presidentes autonómicos, como Esperanza Aguirre, de privatizar las televisiones regionales.

La cesión a manos privadas de dichas emisoras tendrá especial relevancia en los servicios informativos de las mismas, que hasta ahora estaban obligados a ser gestionados de forma pública. Esto supondría que intereses privados y empresariales confluirían con el derecho a la información a la hora de elaborar los contenidos periodísticos, lo que haría peligrar la imparcialidad en las narraciones de los hechos noticiosos.