La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega presentó el recurso de inconstitucionalidad a la Ley 2/2010 de Medidas de Protección y Revitalización del Conjunto Histórico de la Ciudad de Valencia que se refiere al barrio del Cabanyal y con la que el ayuntamiento valenciano justifica los derribos, porque según el Ejecutivo "vulnera las competencias que ostenta el Estado en materia de patrimonio histórico".

En su recurso, el Gobierno recuerda que el Cabanyal "tiene la consideración legal de Bien de Interés Cultural, con la categoría de conjunto histórico, declarado en 1993", así como que el Ministerio de Cultura consideró en diciembre que el proceso de urbanización promocionado por la alcaldesa Rita Barberá "no debería realizarse al entender que constituye un expolio del Patrimonio Histórico español".

Por otra parte, De la Vega quiso dejar claro que el Ejecutivo "lamenta profundamente los episodios de violencia que se produjeron ayer en Valencia" e hizo una llamada a la calma a los vecinos para evitar que se produzcan situaciones "indeseables" para todos. La vicepresidenta explicó que es consciente de que se están produciendo "momentos tensos" pero insistió en que "ahora tiene que hablar la Justicia". Posteriormente, fuentes del Gobierno explicaron que comprenden las protestas de los vecinos porque, según apuntaron, "con sus protestas lo único que hacen es reclamar sus derechos".