El Gobierno presiona para juzgar al espía Flórez a puerta cerrada

El Gobierno se ha movilizado para que el juicio que la Audiencia Provincial de Madrid celebrará a partir del próximo 25 de enero contra el ex agente del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Roberto Flórez, acusado de un delito de traición a la patria por haber presuntamente vendido documentos secretos a los servicios de inteligencia de Rusia, se lleve a cabo sin público y sin medios de comunicación.

Por un lado, el Ejecutivo, a través de la Abogacía del Estado, ha pedido formalmente al tribunal encargado de juzgar a Flórez, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, que las sesiones del juicio oral se celebren a puerta cerrada.

"La información afecta a la seguridad del Estado"

Pero la movilización del Gobierno no sólo se limita a la petición de la Abogacía, si no que desde el Ejecutivo se han realizado varias llamadas telefónicas para asegurarse de que el juicio se llevará a cabo con el máximo secreto, según explicaron a Servimedia fuentes jurídicas próximas al tribunal.

Estas mismas fuentes señalaron que los miembros del tribunal, que presidirá el magistrado Alejandro María Benito López, se inclinan por acceder a la petición de la Abogacía del Estado y ordenar que la vista oral contra Flórez se celebre a puerta cerrada. Este extremo deberá resolverse en el trámite de cuestiones previas que antecederá a la celebración del juicio.

El escrito de calificación de la Abogacía del Estado, al que ha tenido acceso Servimedia, solicita expresamente al tribunal que "las sesiones del juicio oral se celebren a puerta cerrada" alegando que en la causa hay "documentos e informes de carácter secreto del CNI que afectan directamente a la seguridad del Estado"

De forma complementaria, pide que se adopten "las medidas necesarias para asegurar la protección de los datos personales y apariencia de los miembros del CNI propuestos como testigos -incluidos su ex director, Alberto Saiz-, cuidando especialmente que los mismos no sean vistos por el acusado, a fin de preservar su identidad".

Traición a la patria

Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitan en sus escritos 12 años de prisión para Flórez, al que acusan de un delito de traición a la patria. De forma subsidiaria, el escrito de la Abogacía ofrece la posibilidad de que el presunto "topo" sea condenado a cuatro años de prisión por un delito de revelación y descubrimiento de secretos e informaciones relativos a la defensa nacional.

Los servicios secretos rusos desbarataron hasta tres operaciones del CNI

Flórez fue miembro del CNI desde marzo de 1991 hasta marzo de 2004, cuando solicitó su baja voluntaria. Durante esos 13 años de servicio, el agente trabajó en diferentes áreas y departamentos, "lo que le permitió acceder a información de muy distinta naturaleza así como establecer contactos personales y conocer la dirección informativa de numerosos colaboradores del CNI", señala el escrito de la Abogacía.

Las sospechas sobre la existencia de un "topo" en el interior del departamento de inteligencia españoles surgieron después de que los servicios secretos rusos desbarataran hasta tres operaciones del CNI en el país, acciones que estaban destinadas a ampliar la red de informadores locales.

A raíz de estas operaciones frustradas, el CNI inició a lo largo del año 2005 una investigación interna, unas pesquisas que desembocaron en la identificación de Flórez como la persona que podría haber sustraído la información secreta para, posteriormente, vendérsela a los servicios secretos rusos.

Dos cartas

Entre los documentos del ex agente se encontraron dos cartas escritas por el acusado a un tal señor Melnikov, una persona que contaba con pasaporte diplomático y que estuvo acreditado como consejero en la Embajada de Rusia en Madrid entre agosto 2000 y octubre de 2003.

En la primera, fechada en diciembre de 2001, Flórez se presenta como una agente del CNI y comunica su "disposición a colaborar" con los servicios secretos rusos. La misiva destaca "la simpatía y admiración" que el acusado siente "por el pueblo ruso" y explica que su decisión de ponerse al servicio de la inteligencia de Rusia se debe a sus "creencias y valores ideológicos" -dice ser "una persona de izquierdas"- así como por su "posición personal contra la política exterior de Estados Unidos".

Flórez ofreció a los servicios secretos rusos identificación actualizada sobre "quién es quién" en el CNI, unos datos que incluían nombres y apellidos de los agentes, perfiles psicológicos y profesinales, seudónimos, titulaciones obtenidas, empleos y destinos.

El agente solicitaba el pago 200.000 dólares para materializar un primer envío de información.

En la segunda carta, escrita un año más tarde, el acusado ofrecía al señor Melnikov una actualización de los citados datos e indicaba la posibilidad de acceder a puestos de responsabilidad dentro del CNI "en ámbitos que pudieran ser del interés de su servicio". Flórez acababa diciendo: "si aceptan la propuesta del encuentro personal deberán entregarme la contraprestación económica que les he solicitado de buena voluntad".

El escrito de calificación de la Fiscalía asegura que la actuación de Flórez "puso en grave peligro la seguridad y la defensa nacional".

Flórez fue detenido el 23 de julio de 2007 en Tenerife y se encuentra desde entonces en un módulo especial de la prisión de Alcalá-Meco (Madrid).