El Gobierno prohibirá el burka en espacios públicos

La reforma pendiente de la Ley de Libertad Religiosa, cuya tramitación parece retrasarse, regulará "con carácter general" el uso de vestimentas como el burka o el niqab, según dio ayer a entender el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, durante la presentación de la Memoria de la Fundación Pluralismo y Convivencia. Caamaño aseguró que la normativa no admitirá aquellas prendas que "no permitan la identificación de un sujeto o afecten a la dignidad del ser humano".

"Tenemos que defender la dignidad de las mujeres, y el burka y prendas similares, sean de la religión que sean, que no permiten la identificación de un sujeto, afectan a la dignidad del ser humano, en este caso a una mujer", apuntó el titular de Justicia, quien pese a todo incidió en que "el burka no es un problema en España".

Justicia admite que la Ley de Libertad Religiosa ahora "no es la prioridad"

El ministro no aclaró si la nueva norma prevé la prohibición total de la prenda "lo tendrán que decidir las Cortes Generales", dijo, aunque puntualizó que desde el Ejecutivo son "partidarios de someterlo a restricciones".

Pese a que, en un principio, la nueva ley únicamente tenía previsto regular la presencia de símbolos religiosos en edificios públicos (escuelas, hospitales, cárceles, o en el ejército), y no a las personas, las declaraciones de Caamaño suponen una novedad.

Según fuentes consultadas por Público, sus palabras tienen mucho que ver con la creciente polémica acerca del uso del burka y el niqab, y las prohibiciones de su uso respaldadas en cuatro municipios catalanes (Barcelona, Lleida, Tarragona y El Vendrell) y en uno malagueño (Coín).

Así, la ley "tendrá que adoptar medidas sobre aquellos símbolos que impiden la identificación en espacios públicos, y por tanto, que afectan a la seguridad", aclaró el ministro, quien no obstante incidió en que lo "más importante" es la dignidad del ser humano y tanto el burka como prendas similares son "vejatorias" para la mujer.

No sucederá lo mismo con el hiyab o pañuelo islámico, cuyo uso ya está permitido en las documentaciones oficiales, como el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir.

En un principio, los borradores de anteproyecto que manejaba el Ministerio de Justicia no incluían una regulación directa de las vestimentas, aunque sí se estaban realizando estudios para elaborar guías de conducta. El objetivo de estas era ofrecer pautas de actuación para los ayuntamientos ante problemas concretos. Por ejemplo, si una mujer podría entrar con un velo integral en una piscina municipal.

Cuatro municipios catalanes y uno malagueño ya restringen el velo

Sí parece claro que la ley delimitará los usos que las autoridades públicas, en el ejercicio de su cargo, puedan hacer de la simbología religiosa, para evitar que el alcalde de una localidad estuviera obligado a acudir a una procesión o, como sucedió el pasado Corpus en Toledo, si un soldado podía participar o no en una procesión con su uniforme oficial.

"Esta ley es necesaria, por mucho que lo niegue la oposición", añadió ayer Caamaño, quien insistió en que se tomarán las medidas oportunas siempre con "criterios de proporcionalidad", finalizó.

Lo que cada vez parece más claro es que la normativa no será aprobada con la rapidez que tanto el Gobierno como el Parlamento estimaban. "Seguimos trabajando en la ley", se limitó a decir el ministro, que no quiso confirmar que sea aprobada en este periodo de sesiones. "La economía, la crisis, han hecho que se tomen una serie de decisiones prioritarias, que también afectan al desarrollo de la ley", señaló Caamaño. "Ahora no es la principal prioridad", reconoció.

Antes de estas declaraciones, Caamaño había presentado los resultados de la Memoria de la Fundación Pluralismo y Convivencia, que el año pasado subvencionó 587 proyectos de 526 entidades religiosas. Con una inversión de cinco millones de euros, los proyectos han beneficiado a 269 entidades musulmanas, 239 protestantes y 19 judías. El 44% de los proyectos presentados correspondían a educación, y el 35%, a integración social.

El ministro dice que el Congreso decidirá si la prohibición es total

Estos fondos en ningún caso sirven para financiar el culto de las confesiones minoritarias como sí se hace en el caso de la Iglesia católica, con la casilla del IRPF, sino a proyectos concretos de agrupaciones religiosas.

Parte de ese dinero también apoya a las organizaciones que aglutinan a musulmanes, evangélicos y judíos. En el caso de los primeros, Justicia ha paralizado esta cantidad al considerar que la Comisión Islámica de España (CIE) no representa a todo el Islam. Más de un tercio de los musulmanes españoles no forma parte de esta institución, la única que puede negociar con el Gobierno aspectos relativos a la práctica de su fe.