Los alrededor de 1,5 millones de funcionarios de la Administración Civil que acoge la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) verán reducidas sus prestaciones en unos cinco millones de euros a partir de julio, y previsiblemente verán congelada la aportación presupuestaria en la atención sanitaria a partir del próximo ejercicio, según CSI-F. Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en le función pública, calcula que este recorte puede significar una disminución de unos 20 millones de euros en las políticas sociales de Muface.

El sindicato de funcionarios asegura que el director general de la mutua, Gustavo Blanco, ha comunicado estos cambios este miércoles al Consejo General de la entidad.

Concretamente, a partir de julio se implantará un nuevo sistema que subvenciona sólo el 20% del coste medio de mercado de los productos protésicos, así como de gafas, cristales, lentillas y audífonos, recorte que el Muface justifica por razones presupuestarias de ajuste de gasto y por la evolución de los precios de mercado.

En lo que se refiere a la atención sanitaria, se congelará la aportación del Estado por segundo año consecutivo, lo que afectará nuevamente a las cuentas de la entidad, que, según recuerda CSI-F, "ya se han visto reducidas en más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años".

"Las cuentas de Muface se han reducido en mil millones durante los últimos cinco años"

"Esta situación se ve agravada por el progresivo envejecimiento de la población atendida y por el hecho de que no entren en el sistema nuevo mutualistas", añade.

Según el sindicato que lidera Miguel Borra, "estos recortes no se corresponden con la supuesta recuperación económica que plantea el Gobierno y vuelve a situar a los empleados públicos como uno de los colectivos más perjudicados, en esta ocasión, con la reforma fiscal y la previsible reducción de ingresos del Estado".

Desde la Federación de Servicios Públicos de CCOO critican que "en un momento en el que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas comunica a bombo y platillo una reforma de la tributación en la cual se dejarán de recaudar 9.000 millones de euros, porque según dice la economía española lo permite, se va a aplicar un nuevo recorte social que desmiente el planteamiento y las políticas del Gobierno", afirman desde el sindicato.

A lo largo del mes de julio, CSI-F va a llevar a cabo movilizaciones en todo el Estado para reclamar la convocatorio de la mesa de la negociación para que los empleados públicos recuperen los derechos perdidos durante la crisis económica. "Si el Gobierno no atiende a nuestras reivindicaciones el clima de conflictividad se agravará en septiembre", sentencia.