El Gobierno recurre al Constitucional el impuesto bancario de la Generalitat

La vicepresidenta del Gobierno ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que Mariano Rajoy ha ordenado al abogado del Estado que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto ley por el que la Generalitat dio luz verde a un impuesto sobre los depósitos bancarios.

Aunque esta es la segunda ocasión en una semana que el Ejecutivo recurre la inconstitucionalidad de una medida tomada por el Govern, Soraya Sáenz de Santamaría ha apelado a razones estrictamente técnicas y fuera del conflicto político que, por la reivindicación independentista de CiU, mantienen ambas administraciones.

Así, la número dos del Ejecutivo aseguró que el recurso de inconstitucionalidad obedece a que un Gobierno en funciones como el de Artur Mas no puede adoptar medidas que sobrepasen "la gestión ordinaria", así como tampoco se pueden crear impuestos "vía decreto ley".

El impuesto recurrido de la Generalitat lo anunció el martes su portavoz, Francesc Homs, para tratar de esquivar el veto del Gobierno de Rajoy a estas tasas autonómicas. Sin embargo, según ha recordado hoy también Sáenz de Santamaría, la imposición de las mismas quedó reservada al Estado, tal y como decretó ayer jueves el Congreso de los Diputados. La Generalitat tenía previsto recaudar unos 500 millones de euros con este impuesto, que se puso en marcha el miércoles 19 y tenía efectos retroactivos desde el 30 de noviembre.

El veto del Gobierno a las Comunidades Autónomas responde a su interés en una 'tasa cero' a los depósitos bancarios para estimular la concesión de créditos. "A pesar o a no pesar" del Govern.

Aunque se hicieron muchas preguntas a la vicepresidenta sobre el futuro de Catalunya, la portavoz no quiso entrar en detalles sobre los instrumentos que tiene el Gobierno para frenar la anunciada consulta soberanista por parte de la Generalitat de Mas. Sáenz de Santamaría se limitó a señalar que "la Constitución se cumplirá y hará cumplir" en todos los casos y que el Ejecutivo tiene la voluntad prioritaria de trabajar para "todos los catalanes", sobre los cuales también gobierna, ha recordado. Se trata de que "sufran lo menos posible la crisis y la falta de financiación", explicó.

La número dos del Gobierno no ha querido contestar sobre "hipótesis" de futuro, en alusión a un posible referéndum sobre la independencia de Catalunya, aunque ha advertido de que cuando la Generalitat exponga ésa decisión, el Ejecutivo central tomará las "decisiones oportunas".

"Vamos a trabajar por Cataluña, a pesar o a no pesar del Gobierno que salga de la investidura", aseguró Sáenz de Santamaría mientras, en ese mismo momento, CiU y ERC materializaban su pacto en Catalunya con la investidura de Mas.

Sobre este asunto, también se ha preguntado al ministro de Defensa. Pedro Morenés, que acudió a presentar el informe sobre el anteproyecto de ley orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, ha asegurado que el Ejército está "tranquilo" ante la situación en Catalunya porque tiene "especial confianza en la acción del Gobierno", que sabe "perfectamente lo que tiene que hacer" y "lo hará", según el ministro, mientras "ellos estarán a las órdenes del poder civil", ha asegurado.

La vicepresidenta también ha anunciado en rueda de prensa la publicación de más de 100 plazas de empleo público de la oferta de 2012 vinculadas a la lucha contra el fraude. Según se recoge en la referencia del Consejo de Ministros, estas plazas son, entre otras, 15 para inspectores de Hacienda, nueve de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, cinco para cada uno de los Cuerpos de Interventores y Auditores del Estado, Abogados del Estado y de Intervención y Contabilidad de la Administración de la Seguridad Social.

Asimismo, figuran cinco plazas para técnicos de Auditoría y Contabilidad; 40 plazas para técnicos de Hacienda, y 26 plazas para científicos titulares de organismos públicos de investigación. En total, 125 plazas.

Además, Sáenz de Santamaría ha anunciado que la Administración General del Estado ofertará cerca de 1.600 empleos públicos en 2013 con el fin de "garantizar la calidad" de determinados servicios, aunque sin olvidar los compromisos de consolidación fiscal. La portavoz del Gobierno ha recordado que, aunque los presupuestos para 2013 fijan la congelación del empleo público para ese año, se establece una tasa de reposición del 10 % para determinados ámbitos como la educación, la sanidad o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.