España tiene un máximo de 12 semanas para resolver sobre la devolución de cada migrante adulto que está en Ceuta

Se resuelven entre 25 y 30 expedientes de devolución al día. Es la estimación que lanzaba, este jueves, el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, en una comparecencia conjunta, desde el Palacio Autonómico de Ceuta, con su homólogo andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Ese es, incidía el mandatario popular, el ritmo con el que trabaja el Gobierno de España, tres semanas después de la entrada multitudinaria del pasado 30 de julio. "A este ritmo no saldrían de Ceuta todos los han llegado por lo menos en un año", hacía cuentas Vivas, que estima en entre 8.000 y 11.000 las personas migrantes que permanecen en la ciudad. Público ha preguntado al gobierno ceutí cómo ha calculado el ritmo de expedientes y la estimación temporal de un año. Desde el entorno de Vivas responden que la información proviene de "fuentes externas, absolutamente confiables y certeras", que, sin embargo, no pueden revelar. Es la única vía, añaden estas voces, de conseguir detalles sobre la gestión de la crisis: "Oficialmente no se ofrecen datos".

Lo cierto es que la de Vivas es la única estimación temporal que se ha atrevido a dibujar públicamente una de las caras al frente de la crisis. Público ha preguntado esta semana a todos los ministerios implicados por sus propios cálculos. Ninguno ha querido responder. "No tenemos esos datos", atajaban, este viernes, fuentes de Interior. Y, los que sí tienen, no parecen demasiado alentadores. Hace apenas dos días, en conversación con este diario, el ministerio reconocía que el triaje de los adultos "está comenzando ahora". Por el momento, "a bajo ritmo". Para solucionarlo, desde Interior están trabajando en la apertura de un nuevo centro de atención temporal de extranjeros (CATE) en las naves de El Tarajal con capacidad para unas 400 personas. Un espacio "provisional" en el que desarrollar —y agilizar— las labores de identificación, comprobación de nacionalidad y antecedentes.

Según las organizaciones y juristas consultados por Público, son precisamente los adultos —o, al menos, parte de ellos— los que más posibilidades tienen de ser devueltos a suelo marroquí. Y de hacerlo, además, en un plazo de tiempo razonable. Este sería el caso de los adultos marroquíes y de otros países de origen "seguros" en base a la normativa europea. Más complicada es la situación de los solicitantes de asilo. En la práctica, cualquiera que alegue persecución en su país con motivo, por ejemplo, de una guerra, de la discriminación que sufre por pertenecer a un minoría étnica o, incluso, por razones políticas. Por no hablar de la situación de los menores no acompañados, con su propio procedimiento individualizado de repatriación.

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Adultos sin derecho a asilo

A los adultos marroquíes y de otros países "seguros" —en África, Egipto y Túnez— se les estaría abriendo directamente, en base a la Reglamento de Extranjería, un expediente de expulsión. Muy probablemente, lo que se conoce como "procedimiento de expulsión preferente", su variante exprés. Y es que, entre los motivos para activar esta modalidad, esta el "riesgo de incomparecencia". Una sospecha que se agrava si la persona en cuestión no dispone de domicilio o de documentación de identidad. También, por cierto, cuando haya entrado en el espacio Schengen de forma irregular. ¿Cuál es la diferencia con un procedimiento ordinario? Los tiempos. Si en el convencional, la persona migrante dispone, tras la apertura del expediente, de 15 días para hacer alegaciones, en el procedimiento exprés, se recorta ese paréntesis a 48 horas. Apenas dos días.

Los expedientes de expulsión preferente tampoco reconocen un "plazo de salida voluntario". Si en el caso de los ordinarios, la persona migrante dispone de entre 7 y 30 días para cruzar la frontera por su propio pie, en el abreviado, la expulsión se ejecuta de forma inmediata, según se notifica la resolución. Fuentes de Interior explican a Público que, en cualquier caso, los retornos voluntarios se han mantenido constantes en el tiempo, al ritmo de entre 50 y 100 al día en las últimas tres semanas. Un último apunte: puede haber adultos marroquíes (o del resto de países "seguros") con derecho a pedir protección internacional. Siempre que demuestren que, en sus países de origen, su vida corre peligro. Muchos lo solicitan aunque ni siquiera sea el caso. "A poco que les asesoren, lo harán, porque al menos ganan tiempo", explica, en conversación con Público, Javier de Lucas, catedrático de Filosofía del Derecho.

Solicitantes de asilo

Bastante más largo en el tiempo es el procedimiento de los solicitantes de asilo. Una casuística que, desde junio de 2026, se somete a las reglas del Pacto Europeo de Migración y Asilo. Para todas las personas que entraron a Ceuta, el pasado mes de julio, a través de la frontera con Marruecos, el pacto establece un nuevo "procedimiento de asilo en frontera". Así se lo corroboran a Público fuentes de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). El plazo máximo para resolver los expedientes es cristalino: 12 semanas. Un paréntesis que incluye desde el registro de la solicitud de asilo hasta la resolución de cualquier recurso de la persona afectada por lo contencioso-administrativo. ¿Cuándo se registra una solicitud de asilo? En un plazo de no más de cinco días desde que la persona migrante expresa su voluntad de pedirlo, bien en un puesto fronterizo bien durante las labores de triaje.

Eso sí, los procedimientos de asilo pueden resolverse antes de las famosas 12 semanas. De hecho, la normativa europea sugiere zanjarlo en la mitad de tiempo, en las primeras seis. Un plazo más: el de expulsión. Para ejecutar la resolución, en los casos en que se desestima la petición de asilo, las administraciones competentes disponen de otras 12 semanas. Por países, ¿quienes sí pueden solicitar el asilo y paralizar, así, su procedimiento de expulsión? Los nacionales de terceros países —no marroquíes— que no aparezcan en la citada lista de "países seguros" (y con los que, por cierto, España no tenga un acuerdo de retorno). Mali, Burkina Faso, Libia o Somalia son algunos ejemplos. 

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Menores no acompañados

En torno a 2.500 niños ya identificados y, en la práctica, a cargo de los servicios de protección ceutís. Son las cifras que daba, este jueves, el secretario de Estado de Infancia, Rubén Pérez Correa. Unos menores que ni Vivas ni el resto de comunidades populares parecen dispuestos a acoger. No es que haya mucha alternativa. Tal y como contó Público, en los últimos 14 años, desde el acuerdo bilateral de 2007, España no ha devuelto a Marruecos —al menos por la vía legal— ni un solo menor. ¿El motivo fundamental? La falta de cooperación (y de interés) de las autoridades marroquíes. Un percance que explica el más que esperable retraso que sufrirán todos los expedientes de repatriación de menores que se lleguen a abrir en Ceuta.

Tiene su explicación. Lo primero que hay que entender es que la propia legislación española —dentro de la Ley de Extranjería— reconoce a niños y adolescentes una protección especial. Una protección que responde a una serie de criterios, sometidos al interés superior del menor. El primero, priorizar la reagrupación familiar. Para ello, el protocolo obliga a acudir al país de origen (por ejemplo, Marruecos) para solicitarle un informe completo sobre las circunstancias familiares del menor. O, en su defecto, sobre las posibilidades (y el compromiso por escrito) de los sistemas asistenciales marroquíes de asumir su tutela. Un menor al que, por cierto, siempre hay que tomar declaración. Según el Reglamento de Extranjería, a partir de los 12 años, el niño dispone de "juicio suficiente" para hablar en primera persona. Un reconocimiento que se torna obligatorio cuando se trata de adolescentes de entre 16 y 18 años de edad.

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En principio, los procedimientos de repatriación solo pueden iniciarse cuando el país de origen envía esa primera información. Eso sí, una vez abierto, el expediente vuelve a tener fecha de caducidad: seis meses. Con un pequeño matiz: transcurridos 90 días, el menor tiene derecho a un permiso de residencia. No todo es tan sencillo como suena. "Al tratarse de expedientes individualizados y no colectivos, todo depende de dos factores", matiza De Lucas. Por un lado, la dotación de funcionarios de Extranjería y de otros trabajadores que intervienen en la instrucción: los forenses que realizan las comprobaciones de edad, los intérpretes que intervienen durante las entrevistas, abogados, fiscales… "¿Se ha reforzado su número debidamente?", se pregunta el jurista, recordando las últimas recomendaciones del CGPJ. Por otro lado, el factor Marruecos. "Se queja mucho públicamente pero no colabora porque le interesa que la situación en Ceuta se degrade", valora el catedrático, para el que suena "imposible" que los expedientes de menores se resuelvan antes del mes de octubre.