El Gobierno tiene intención de dar toda la fortaleza legal posible al "Código de Buenas Prácticas" bancarias sobre desahucios que, pese a ser voluntario, será publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) como anexo a un decreto-ley.

Además, según fuentes del Ministerio de Economía, los bancos tendrán que reconocer si se adhieren o no a este código, con lo que deberán afrontar el coste de reputación que le suponga no atender el problema de las familias sin recursos que no pueden pagar su hipoteca.

El Gobierno ha abordado esta semana unos de los asuntos más espinosos de la crisis inmobiliaria, los desahucios y la dación en pago, como se denomina a la entrega de la vivienda para saldar totalmente una deuda.

El asunto tiene una gran complejidad jurídica, según reconocen en Economía, porque afecta a contratos en vigor suscrito entre dos partes, y en los que media un compromiso de pago.

No obstante, el Gobierno está determinado a atenuar el problema mediante medidas que eviten esta situación para las familias con recursos escasos.

Para regular este asunto, Economía acometerá una doble vía. Por un lado llevará al Consejo de Ministros, probablemente el próximo viernes, un decreto-ley en el que se definirá qué colectivos son considerados como de "riesgo de exclusión social".

En términos generales, serán familias con todos sus miembros en paro y con un nivel de ingresos insuficiente para atender el pago de la hipoteca de su vivienda, que deberá ser única y habitual.

Según Economía, en el decreto-ley se incluirá una rebaja en los intereses de demora para los pagos que las familias no puedan afrontar, así como una reforma de todos los procedimientos de ejecución, para hacerlos más ágiles, baratos y transparentes.

También se creará un nuevo sistema de subastas "online".

Junto a este decreto-ley, Economía publicará como anexo un "Código de Buenas Prácticas" que incluirá las medidas voluntarias para la banca que tendrían un difícil encaje en el ordenamiento jurídico, como ocurre por ejemplo con la dación en pago.

Además de que obligar por ley a la dación en pago de manera retroactiva sería cuestionable, Economía cree que ello encarecería las hipotecas, ya que las entidades acabarían trasladando el coste al cliente.

En este código, por tanto, se incluirá la dación en pago voluntaria para los colectivos en riesgo de exclusión, una posible moratoria de dos años antes del desalojo, la posibilidad de abonar durante ese plazo una cantidad equivalente a un alquiler, o la opción de que los bancos acepten asumir parte de su error al tasar muy cara una vivienda.

Economía se muestra confiada en que las entidades acabarán asumiendo este código, dado que para ellas el desahucio es la última de las soluciones, y por el fuerte malestar que genera.