Este artículo se publicó hace 14 años.
El Gobierno regula por decreto a los controladores aéreos
El Gobierno español aprobó el viernes unilateralmente poner fin a los conflictos laborales con el poderoso colectivo de controladores aéreos, en una medida que supondrá el inicio de la liberalización del sector.
Ante una situación de bloqueo entre los controladores y el gestor de los aeropuertos y en aras del interés general, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto que, según sus propias palabras, busca "garantizar la continuidad y sostenibilidad del tráfico aéreo".
Tras la reciente ruptura de las negociaciones entre el gestor español de aeropuertos Aena y el sindicato de controladores, el Gobierno dice que busca evitar los problemas de tráfico con una norma que, además, permitirá abaratar los costes de navegación aérea en el país.
"La aprobación urgente de esta nueva regulación resulta imprescindible para afrontar la grave situación generada por la ruptura de la negociación del convenio colectivo entre los controladores y AENA y que lleva consigo la imposibilidad de que ésta pueda atender las necesidades de tránsito aéreo con los medios de los que dispone hasta ahora", dijo el Gobierno en una nota.
Actualmente, Aena emplea a los controladores y financia sus sueldos con las tasas aeroportuarias.
Las actuales condiciones otorgan amplios poderes a los controladores y, en opinión del Gobierno, "un incremento desmedido de las retribuciones", además de la insólita posibilidad de jubilarse con 52 años manteniendo sus retribuciones.
Ante la vigencia del convenio pactado en 1999, el Ministerio de Fomento argumenta que Aena "no puede hacer nada aunque dicha situación perturbe gravemente la continuidad del servicio de control".
En este contexto, el Gobierno ha elaborado una norma, ya de aplicación, que modificará las condiciones laborales de los controladores y que también permitirá la selección de nuevos proveedores de servicios.
"Lo que hemos hecho con el decreto es abrir España a nuevos proveedores de servicios, tanto públicos como privados, para la posibilidad de prestar servicios de control de tráfico aéreo en nuestros aeródromos", explicó el ministro de Fomento, José Blanco.
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