La retirada hoy en el Senado del proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, que ya había sido aprobado por el Congreso y anunciada por el Gobierno pocas horas antes de que comenzara su debate en la Cámara Alta, no tiene precedentes en toda la etapa democrática.

Según confirmaron a Efe fuentes de la Cámara Alta, se trata de la primera vez que un Gobierno retira un proyecto de ley cuando ya había sido aprobado por el pleno del Congreso e iba a comenzar su tramitación en el Senado, acogiéndose al artículo 127 del Reglamento de esta Cámara.

Ese artículo establece que "los proyectos de ley presentados por el Gobierno pueden ser retirados por éste en todas las fases del procedimiento anteriores a su aprobación definitiva por la Cámara".

De esta forma, la vicepresidenta primera del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega -encargada de las relaciones con las Cortes como ministra de la Presidencia- ha comunicado esta mañana la retirada del proyecto de ley de jurisdicción voluntaria, que incluía un paquete de medidas para descongestionar los juzgados españoles.

Lo más destacado de esta iniciativa, que hoy ha visto interrumpida su tramitación parlamentaria, era la atribución de competencias y capacidad de actuación a secretarios judiciales, notarios y registradores, entre otros, en asuntos en los que no es necesaria la intervención judicial porque no existe contienda.

El portavoz socialista en la Comisión de Justicia del Senado y ponente del proyecto de ley, Arcadio Díaz Tejera, ha explicado que la retirada del proyecto se debe a que, tal y como había llegado del Congreso, era inviable e incoherente y no ofrecía soluciones a la saturación de trabajo de los juzgados.

Según Arcadio Díaz Tejera, el texto enviado por el Congreso no daba cumplimiento a los objetivos marcados y, aunque el PSOE intentó enmendarlo en la Comisión de Justicia, el PP "no quería hacerlo viable" y votó en contra de todas las enmiendas transaccionales, por lo que "lo sensato" era retirarlo.

El senador socialista ha insistido en que durante la tramitación en el Congreso la norma había sufrido muchas modificaciones "contrarias al modelo que quería el Gobierno" que no mejoraban la actual situación de los Juzgados y, por el contrario, podían provocar mayor congestión.