El Gobierno sale también al rescate de los municipios

En el año 2012, de repente, comunidades autónomas y ayuntamientos se ponen de acuerdo en atajar el déficit y cerrar filas en torno al anteproyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria que aprobará mañana el Consejo de Ministros.

Ayer fueron los ayuntamientos, tras reunirse con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en el Pleno de la Comisión Nacional de Administración Local, quienes vendieron como nuevo que van a pasar a comportarse como "una economía familiar, en la que lo que no se ingresa no se gasta", que van a arrojar equilibrio o superávit en los próximos años, declaró el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp), Juan Ignacio Zoido. El equilibrio presupuestario (previsto para 2014) ya lo pactaron en abril de 2011 con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, además, aceptan que les sancionen si no cumplen, que los intervengan desde el Estado si se les va la mano con el gasto y dar pormenorizada información trimestral de su tesorería, pagos pendientes con proveedores, avales e inversiones previstas. ¿Qué ha pasado? Que se asfixian, que no pueden más y el Ejecutivo de Mariano Rajoy les ha prometido una inminente inyección de liquidez.

Los municipios españoles acumulan una deuda de 36.700 millones de euros, equivalente al 3,4% del PIB nacional. Las comunidades autónomas acumulan un endeudamiento de 131.151 millones, el 12%. Y todo eso sin incluir los impagos, las facturas pendientes con proveedores que no han entrado aún en la contabilidad. El Gobierno ha decidido emplear para las corporaciones locales el mismo acuerdo al que ha llegado con las autonomías. No dejarlas caer a cambio, de momento, de un férreo discurso de unidad.

Se prolongará a diez años, en lugar de los cinco actuales, el plazo para devolver los 6.000 millones que recibieron de más los ayuntamientos de la parte que les correspondía de los impuestos recaudados por el Estado en los años 2008 y 2009. También se adelantará el pago del 50% correspondiente a la liquidación del año 2010. Y, al igual que con las autonomías, se abrirá una línea ICO que les permita financiar los pagos a proveedores.

Compromisos concretos por parte de los ayuntamientos no hay muchos aún, reconoció Zoido. Tampoco se conocen las características de la nueva línea ICO, a pesar de que, en opinión del alcalde de Sevilla, esta funcionará mejor que la que estableció el Gobierno de Zapatero.

Tampoco está claro en qué plazos ni cuántos entes públicos locales tendrán que desaparecer, para empezar porque, según reconoció ayer Montoro, no se sabe ni cuántos hay. Y, sin embargo, Montoro ya califica de "muy importante el acuerdo" alcanzado ayer de "reducción de organismos públicos". Los motivos están claros, pero el ministro recordó por qué esta fórmula debe desaparecer. "No son empresas", dijo, "no venden en el mercado sus servicios, son formas de evitar el control administrativo y el control del Estado. Esa red de organismos, fundaciones, empresas, etc., no son más que huidas auténticas del derecho administrativo". Ahora, de momento, lo que van a hacer es "promover la actualización del registro" de estos entes para conocer la magnitud del problema.

Más claro está que habrá recorte en los "servicios públicos", según la nota difundida ayer, acometiéndose "las actuaciones que sean necesarias para la mejora de la eficiencia".