El Gobierno salvadoreño hizo "lo que le correspondía" en el caso de los jesuitas

El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, afirmó hoy que su gobierno ya hizo "lo que le correspondía" en relación a los militares salvadoreños procesados en España por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos mujeres en 1989.

Funes agregó que ahora es a la Corte a quien le corresponde tomar la mejor decisión para "mantener la estabilidad política".

Mauricio Funes aseguró que "lo que le correspondía al Ejecutivo a través de la policía ya lo cumplimos" y añadió que los incriminados por el juez español Eloy Velasco decidieron presentarse en la Brigada de Seguridad Especial.

Después, el ministro de Defensa, David Munguía Payés, puso a los imputados a disposición judicial, añadió el presidente salvadoreño.

Los nueve militares que se entregaron lo hicieron en la instalación castrense de San Salvador el 7 agosto, tras conocer que la Policía se disponía a ejecutar una orden de captura internacional cursada por la Interpol.

Esa orden internacional de captura fue librada el 30 de mayo por el juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco, que procesa a 20 militares salvadoreños por delitos de asesinato terrorista y de lesa humanidad en el caso de la muerte de los jesuitas y las dos mujeres en 1989.

La presidencia salvadoreña fue acusada la semana pasada por organismos defensores de los derechos humanos de estar encubriendo a los nueve militares que se entregaron.

"Nosotros no podemos ir a sacarlos y llevarlos presos al lugar que se nos ocurra"; es el juez el que tiene que decidir y "el juez ha decidido dejarlos ahí", dijo Funes, quien aseguró que "en todo caso están en una situación de arresto, en ningún momento están refugiados como se ha dicho".

El caso de los militares está en manos de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) salvadoreña, que no ha definido bajo qué condición jurídica se encuentran en la brigada castrense y que deberá decidir si procede o no una eventual petición de extradición por parte de España, que aún no se ha recibido, según la Cancillería.

Funes aseveró que espera que la CSJ "tome todo los elementos de juicio de tal manera que la decisión final sea la más adecuada, apegada a derecho, pero por supuesto la más conveniente para el país y para mantener la estabilidad política que hemos construido a lo largo de estos 20 años", tras los acuerdos de Paz.

Los militares están siendo procesados en la Audiencia Nacional de España por la matanza perpetrada el 16 noviembre de 1989, cuando miembros del Batallón Atlacatl irrumpieron en la Universidad Centroamericana (UCA) y mataron a los jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno, y al salvadoreño Joaquín López, así como a la trabajadora de la UCA Elba Julia Ramos y a su hija Celina, de 16 años.