El Gobierno trata de contentar a las víctimas de ETA con un Estatuto

La vicepresidenta del Gobierno y el ministro de Justicia han presentado este jueves las novedades que trató a primera hora el Consejo de Ministros, adelantado un día con motivo de la festividad del 12 de octubre. Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado un primer informe del Estatuto de las Víctimas, una "promesa electoral", ha recordado Alberto Ruiz-Gallardón, que trata, especialmente, de mantener protegidas e informadas a las víctimas de delitos más duros, como el terrorismo o aquéllos dirigidos contra menores.

"Hasta ahora –ha explicado el ministro–, la víctima era considera un elemento de prueba y abandonada" cuando ya no era útil en este sentido. Ahora, la víctima estará informada de todo el proceso (desde la denuncia hasta la resolución judicial) y protegida psicológicamente (los niños, por ejemplo, no tendrán que declarar en los juicios, sino que lo harán a través de grabaciones). Ruiz-Gallardón ha querido dejar muy claro, sin embargo, que tanto el proceso penal como la ejecución de las penas "son competencia exclusiva del Estado". Teniendo en cuenta que en la elaboración definitiva de este Estatuto participarán todos los ministerios, el titular de Justicia no se ha atrevido a dar plazos, aunque cifró entre dos y tres meses la duración del trabajo de sus colegas de Gobierno.

Reforzar los derechos de las mujeres

El Consejo de Ministros ha decidido incluir en la reforma del Código Penal la tipificación de tres delitos que pretende endurecer las penas cometidas contra las mujeres por el hecho de serlo y para garantizar, según Ruiz-Gallardón, su igualdad y el refuerzo de sus derechos. Así, quien divulgue de forma no autorizada grabaciones o imágenes íntimas podrá estar en la cárcel hasta un año. Es la divulgación la que pena, no la grabación, que pude ser consentida, ha asegurado el ministro de Justicia. Por otro lado, el acecho u hostigamiento –que incluye diversos tipos de acoso– y el uso indebido de datos personales podría llevar a dos años de prisión. El matrimonio forzoso, asimismo, se penará con hasta tres años de prisión, con el agravante que supondría la salida del territorio nacional.

El Gobierno considera estas reformas de la norma Penal un avance en la protección de la mujer y la lucha por la igualdad de género, cuando "en España todavía nos queda un trecho por avanzar" en este sentido, ha argumentado Sáenz de Santamaría.

Xenofobia e intolerancia

El Gobierno ha tipificado también como delitos en el nuevo proyecto de Código Penal la incitación al odio o violencia de raza, religión u origen. También el negacionismo de crímenes contra la humanidad o genocidios, si éste incita a la violencia. Ruiz-Gallardón ha citado concretamente el caso del Holocausto nazi. Según el ministro, el Ejecutivo busca evitar y prevenir el racismo, la xenofobia y la discriminación ideológica en España. Además de las penas, que se realizarán conforme a doctrina constitucional, habrá castigos para actitudes de desprecio o marginación que conlleven o inciten a la violencia física o verbal.

Plazas para jueces, fiscales, policías y Guardia Civil

El Gobierno ha decido actualizar el sistema retributivo de los jueces, sobre todo, en sustituciones y/o refuerzos. Asimismo, el Ejecutivo insiste en la profesionalización de la Justicia vía oposición y, en esta línea, convocará 50 plazas de jueces y fiscales en 2013. Por su parte, Policía y Guardia Civil mantienen la tasa de reposición de sus empleos sita en el 10%, igual que el año pasado. En concreto, para la escala de Cabos y guardias de la Guardia Civil, están previstas 126 plazas.