El Gobierno tratará de recabar la semana que viene el máximo apoyo a su plan para el afloramiento y control del empleo sumergido de parte de los interlocutores sociales, a los que ha dado de plazo hasta el miércoles para hacer aportaciones al borrador antes de aprobarlo el viernes próximo.

El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, no ha querido dar por hecho que el decreto ley con el plan se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes por cortesía hacia la patronal y los sindicatos, con los que se está negociando el texto.

Por esta razón, ha eludido pronunciarse sobre si se aprobará aunque no se consiga el concurso de los agentes sociales.

El Gobierno ha abierto con ellos un plazo de consultas, que cerrará el miércoles 27, después de que en la reunión del pasado lunes el primer borrador del plan fuera rebatido por los sindicatos, que consideraron erróneo su planteamiento y discriminatorias algunas de sus medidas.

Tanto CCOO como UGT rechazan que en la exposición de motivos del decreto ley se achaque la existencia de la economía sumergida a un problema de elevados costes laborales asociado a la crisis, cuando creen que se trata de una situación de fraude fiscal y social.

El Gobierno entiende que para hacer aflorar los empleos no declarados hay que dar facilidades a las empresas, que contarían con un periodo de dos meses para regularizar a sus empleados sin sanción administrativa, con la posibilidad de retrasar el pago de las cotizaciones atrasadas y sin exigir garantías de pago para los aplazamientos superiores a dos años.

Después de esos dos meses, las sanciones a los empresarios que no tengan afiliados a sus empleados o que ocupen a beneficiarios de prestaciones de la Seguridad Social incompatibles con el trabajo por cuenta ajena se multiplicarían hasta cinco veces, dependiendo de su gravedad.

Los sindicatos entienden que con estas medidas se está dando más ventajas a los empresarios que a los trabajadores, ya que estos últimos sólo verían reconocido como máximo un año de cotización a efectos de prestaciones futuras.

Tampoco comparten que los empresarios puedan contratar temporalmente, en lugar de verse obligados a hacerlo de forma indefinida, a quienes tenían empleados irregularmente.

En paralelo, sindicatos y patronal mantienen en el ámbito bipartito la negociación para la reforma de la negociación colectiva, de la que las partes dicen que avanza a ritmo intenso, aunque reconocen que aún existen discrepancias que hay que limar, pero sin la intención de que el proceso se eternice.