El Gobierno afirmó hoy que ha encontrado "receptividad" entre los grupos del Congreso al borrador del proyecto de reforma de la negociación colectiva, con el que ha tratado de redactar "un acta notarial completamente fiel del acuerdo no escrito" que alcanzaron empresarios y sindicatos.

Sin embargo, la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, reconoció también que "es muy pronto" para saber con qué apoyos parlamentarios contarán, en declaraciones a los medios, tras cerrar con el BNG la ronda de contactos, en la que también ha participado el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, hasta media mañana de hoy.

La secretaria de Estado confió en que todos sus interlocutores hayan podido valorar que el borrador "pretende ser ese acuerdo que no fue" y "llevar a un texto de ley algo que querían empresarios y sindicatos y que finalmente se les rompió" por "la razón que fuera", zanjó.

De los grupos han recibido "atención y dudas técnicas", incluido el PP, que por el momento ha declinado comentar qué le parece el texto, y al que Rodríguez encontró "totalmente receptivo", según dijo.

Las consultas continuarán esta tarde con las organizaciones patronales, CEOE y CEPYME, y mañana por la mañana con UGT y CCOO, que la semana pasada rompieron sus conversaciones conjuntas despues de más de tres meses de negociación.

Fruto de todos los contactos se puede modificar el borrador que vaya finalmente a la mesa del Consejo de Ministros el próximo viernes, pero el Gobierno "no quiere que se pierda sustancialmente" el equilibrio que hubo en la mesa de negociación de "no dejar caer la ultraactividad a cambio de más flexibilidad interna negociada en las empresas", precisó Rodríguez.

Tras su aprobación por el Gobierno, el texto "no tardará mucho" en llegar al Congreso, aseguró la secretaria de Estado.

Rodríguez explicó que el proyecto trata de generar "una negociación más dinámica, ágil y rápida", pero que ello no suponga la pérdida de derechos de los trabajadores ni de cobertura de la negociación colectiva.

Con este objetivo se establecen plazos para denunciar el fin de la vigencia del convenio anterior, para constituir la comisión negociadora y para la renegociación, fortaleciendo al tiempo los mecanismos de mediación y arbitraje.

Con ello, según el Gobierno, se gana "seguridad para los trabajadores y flexibilidad para las empresas".

Por otra parte, el texto trata de salvar las dificultades actuales en las relaciones laborales reguladas por convenios colectivos provinciales.

Así, aquellas empresas que tengan convenios que regulen de forma diferente el salario, el horario o la clasificación profesional, tendrán prioridad para aplicarse frente al convenio colectivo provincial o sectorial.