El Gobierno y la Fiscalía ultiman estos días las acciones para instar la ilegalización y la suspensión de actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del EHAK-PCTV, que previsiblemente se pondrán en marcha este mismo mes de enero.

A falta del informe en el que las Fuerzas de Seguridad del Estado recopilarán los indicios existentes sobre la vinculación de estos partidos con Batasuna y los incumplimientos de la Ley de Partidos en los que han incurrido, fuentes jurídicas y del Ejecutivo consultadas por EFE han subrayado que las demandas pondrán el acento en las "finanzas" de ANV y su "subordinación" a la formación ilegalizada.

Sobre la primera de estas cuestiones, las mismas fuentes recuerdan que el Tribunal Supremo ya ilegalizó en su día una agrupación electoral que recibía dinero de Batasuna desde una cuenta bancaria localizada en Francia y subrayan que el efecto debe ser el mismo si la financiación funciona en sentido contrario, es decir, hacia y no desde la formación ilegal.

Es por ello que una de las líneas preferentes de investigación de la Policía y la Guardia Civil ha sido la de "seguir la pista" a los ingresos que ANV y el EHAK-PCTV reciben en virtud de su presencia en las instituciones.

Algunos de los destinos de ese dinero son conocidos: el PCTV paga un sueldo a destacados dirigentes de Batasuna, como Marije Fullaondo, detenida a finales del pasado mes de diciembre y encarcelada por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

En el auto de prisión, el magistrado destacaba este extremo y afirmaba también que los responsables de ANV "rinden cuentas" a la miembro de la Mesa Nacional de Batasuna.

Esta circunstancia revela una relación de subordinación de ANV respecto de la formación ilegalizada que la Fiscalía tendrá en cuenta para solicitar próximamente la suspensión de actividades del partido.

De acordarse, se trataría en cualquier caso de una medida cautelar que si bien podría servir para impedir la presencia de ANV en las próximas elecciones generales, no tendría la fuerza de una sentencia firme, opción preferida por el Gobierno cuando lo que está en cuestión es un derecho fundamental como el de sufragio.

Para ello, el Ejecutivo instará la ilegalización de ANV ante la sala del 61 del Tribunal Supremo, según las fuentes consultadas.

Esta sala especial tardó seis meses y medio en ilegalizar a Batasuna, ya que la Fiscalía presentó su demanda el 3 de septiembre de 2002 y el Alto Tribunal no dictó el fallo hasta el 17 de marzo del año siguiente.

De observarse los mismos plazos, y a falta de sólo dos meses para la celebración de las elecciones, no habría tiempo material de obtener una sentencia de ilegalización de ANV, por lo que los servicios jurídicos del Estado barajan pedir al Supremo que declare a este partido "sucesor" de Batasuna en ejecución de la sentencia que ilegalizó a esta última.

En este caso, los plazos se acortarían sensiblemente y sería posible impedir -ya con una sentencia- la presencia de candidatos de ANV en los comicios del próximo 9 de marzo.