Golpe al sistema nacional de salud

Los decretos-leyes son los estados de excepción legislativos. Por eso cuando, como en esta crisis, se convierten en norma, simbolizan mejor que nadie el estado de excepción del golpe de mercado.

El Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, de reciente aprobación tiene, sin embargo, por la precipitación en su elaboración, la ventaja de poner en evidencia los intereses y el proyecto que anima al Gobierno.

Se trata de un proyecto de involución y no de sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero se trata también de sentar las bases de un nuevo modelo mixto, no solamente en su provisión, sino también en su financiación. Un modelo de seguro público, con prestaciones básicas para la mayoría y la expulsión, amistosa o forzada, de la clase media hacia los seguros privados y sus prestaciones complementarias sometidas a repago.

Se trata de un proyecto de involución y no de sostenibilidad de nuestro Sistema Nacional de Salud 

La medida más polémica es el repago de fármacos, transporte sanitario y prótesis por parte de los usuarios. Sin embargo, con ser importante, se trata sólo de la punta del iceberg. Lo fundamental no está a la vista. Lo fundamental es, en primer lugar, la renuncia a la universalidad de la atención a todos los ciudadanos por hecho de serlo, junto a la modificación que significa también que la financiación del Sistema Nacional de Salud ya no sea con base a impuestos sino que esto se sume el repago por parte del afiliado (asegurado) o protegido (beneficiario) por la Seguridad Social.

En coherencia con este sistema de aseguramiento se establecen distintos niveles de cobertura que considera básica la atención sanitaria y abre todo lo demás al repago por parte de los "asegurados" del sistema sanitario.

Los damnificados más evidentes son los inmigrantes sin papeles, pero también los mayores de 26 años sin empleo asegurado anterior, los divorciados y por supuesto los pensionistas que no sólo verán mermada su escasa pensión, sino que tendrán que adelantar el pago antes de que se les aplique los complejos de gestionar límites de renta. Y aunque digan lo contrario, los enfermos crónicos a los que se actualiza y duplica su contribución por renta.

Y todo ello para recaudar 7.000 millones de euros, cuando no se recaudará la mitad, ni mucho menos, ni se pretende una mayor eficiencia del Sistema Nacional de Salud. De hecho los márgenes de ineficiencia quedan intactos en formación o tecnologías, por mucho maquillaje que se ponga a la Central de Compras o a las Agencias de Calidad (NICE).

Otro de los aspectos esenciales de este Decreto es la puesta en marcha de un programa de recaudación y gestión de los repagos farmacéuticos. Un primer paso para la financiación mixta del Sistema Nacional de Salud.

Porque si el problema fuese de financiación adicional, esta podría hacerse a través de los impuestos generales que se corresponden con el carácter universal del sistema.

Se introduce una mercantilización del sistema sanitario alternativa al principio de necesidad Pero lo que se pretende no es sólo que los ciudadanos contribuyan directamente sino que se introduce una mercantilización del sistema sanitario alternativa al principio de necesidad, que va mucho más allá de las prestaciones iniciales y que avanza hacia una financiación mixta correspondiente al nuevo modelo de seguros. Ni que decir tiene que el cruce de datos de renta no sólo es complejo sino que además es escasamente representativo.

No se dice nada sin embargo, de los márgenes de eficiencia del Sistema Nacional de Salud precisamente porque éstos se encuentran en manos de los lobbys farmacéuticos tecnológicos y gestor, en los que el Gobierno es débil con los fuertes debido al fraude fiscal.

Así, mientras no se dice nada de los medicamentos nuevos y más caros, protegidos por patente, que son los que nos causan los problemas económicos y de salud, como guiño a la industria multinacional, se tocan los de bajo precio o de síntomas menores que además de antiguos, pero no necesariamente inútiles, no reducen el gasto.

Lo que ni siquiera es un guiño sino un mal gusto en la prestación de asimilar la llamada red de calidad de las Comunidades Autónomas al NICE británico.

En definitiva, se deja el corazón del problema en manos de la industria. Serán los comerciales de la farmacia y la tecnología los que seguirán decidiendo el consumo sanitario.

*Gaspar Llamazares es diputado de IU