Golpe a la red con la que ETA controla a sus presos

La contestación que reciben las decisiones de ETA en su colectivo de presos desde la ruptura de la última tregua puede avivarse con la operación desplegada ayer por la Guardia Civil en Euskadi. Los diez detenidos están acusados de integrar la estructura que la dirección de la banda utiliza para repartir consignas entre el frente de makos (presos) y, al tiempo, recabar información de todo lo que ocurre entre rejas.

Según la documentación intervenida al ex número uno de ETA Francisco Javier López Peña, Thierry, detenido en Burdeos el 20 de mayo de 2008, los abogados Arantza Zulueta y Jon Enparantza encabezaban H-Alboka, una de las seis ramificaciones del aparato político destinada a controlar que los casi 800 presos de la organización terrorista repartidos por cárceles de España y Francia no se aparten de la doctrina de la banda.

Los arrestos pueden incrementar la distancia entre reclusos y banda

El subaparato desarticulado ayer giraba entorno a los bufetes de estos dos abogados, pero entre los detenidos hay un artista plástico, un ingeniero, sindicalistas de LAB y una profesora de ikastola. Documentación incautada a principios de los noventa permitió identificar el doble papel de los letrados de Gestoras pro Amnistía, comisarios políticos de Ekin que ejercían de defensores de los etarras y también como mensajeros de la organización, a los que esta identificaba con las claves internas de Z y ZZ. A partir de entonces, ETA diversificó el perfil de sus correos.

El primer termómetro de las consecuencias internas que tuvo en ETA la ruptura del alto el fuego funcionó en el interior de las cárceles. El Gobierno ya sabía en el verano de 2007 que un número importante de presos se quejaba de que aquella decisión no le hubiera sido consultada, como ningún otro aspecto relacionado con el alto el fuego y el proceso de paz.

La identidad de los detenidos aparece en los papeles de 'Thierry'

Con todo, el malestar en el colectivo es anterior a la tregua rota en 2007. Dos años antes, el histórico dirigente de ETA Francisco Múgica Garmendia, Pakito, y otros cinco reclusos firmaron una carta en la que pedían el abandono de la "lucha armada", una vez constatada la derrota a manos del Estado. La ilusión que el último proceso de paz había despertado entre muchos presos extendió la distancia entre ellos y los dirigentes de la organización terrorista.

Fue entonces cuando Interior decidió poner en marcha una estrategia de acercamientos y alejamientos a cárceles próximas al País Vasco, recompensando o castigando las distintas posturas respecto a la violencia, lo que ahondó en la herida que ya sufría ETA en su frente de makos. La banda ha reaccionado haciendo públicas algunas expulsiones y extremando el control sobre los que aún pertenecían al colectivo. Aún así, no se ha detenido el alejamiento de las directrices de la banda por parte de los internos y sus familias.

En algunos casos, los parientes han recurrido a abogados ajenos al MLNV para solicitar beneficios penitenciarios, prohibidos expresamente por ETA. El traslado de Valentín Lasarte, asesino de Gregorio Ordoñez y Fernando Múgica, a la prisión asturiana de Villabona fue un claro ejemplo de la sangría en el colectivo.

Lasarte se ha saltado las órdenes de ETA trabajando en el economato de la prisión y la banda lo ha expulsado. En la misma línea se sitúa el desigual seguimiento de la última iniciativa de protesta organizada por el órgano de la banda en las cárceles el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, en euskera), que incluía encierros en las celdas, renuncias a los vis a vis y, como colofón, una huelga de hambre.

En los últimos tiempos, Zulueta y Enparantza trataban de tapar el hueco que habían dejado sonoras deserciones de la ortodoxia etarra, como la de la abogada Jone Gorizelaia, alineada junto a Arnaldo Otegi en la búsqueda de un nuevo "proceso sin violencia".

La documentación intervenida a Thierry había sido actualizada entre enero y febrero de 2008, según el análisis informático de las memorias USB incautadas al jefe de ETA. Meses después del arresto del jefe de ETA, los expertos lograron sortear su encriptamiento, lo que originó una investigación en la que ha participado el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Las detenciones se han practicado a los pocos días de que las autoridades francesas remitieran la documentación al titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska, que dirigió el operativo. Otros datos intervenidos en la operación de Burdeos habían permitido detener el pasado octubre al también abogado Joseba Agudo Mancisidor, encargado de actuar de correo entre la dirección de ETA y los huidos en varios países de Europa y Latinoamérica.

A última hora de ayer continuaban los registros en domicilios y despachos profesionales.