Este artículo se publicó hace 15 años.
Google carga contra Microsoft en el caso antimonopolio
Tras las acciones tomadas por Mozilla y Opera, ahora es el gigante del buscador el que apunta hacia la compañía de Windows, dentro del terreno de los navegadoers por Internet
Google se ha sumado al caso contra Microsoft que lleva la Comisión Europea en su investigación sobre acusaciones antimonopolio relacionadas con el navegador del gigante del software, el Internet Explorer. "Google considera que el mercado de navegadores aún es muy poco competitivo, lo que retrasa la innovación para los usuarios", señaló Sundar Pichai, vicepresidente de productos de Google.
Google lanzó el año pasado el navegador Chrome y considera que, aunque ha conseguido una cuota de mercado superior al 1,1%, es aún un resultado pobre, afectado por la incorporación del navegador de Microsoft en los sistemas operativos Windows.
Google se une a la fundación Mozilla y a la compañía noruega Opera en su denuncia contra el navegador de MicrosoftCon su decisión de unirse al caso contra Microsoft, la empresa de Internet se une a la fundación Mozilla, productor del navegador Firefox, y a la compañía de capital privado noruega Opera.
En enero, los reguladores europeos presentaron cargos formales contra Microsoft por abusar de su posición dominante de mercado al vincular a su navegador Internet Explorer a su sistema operativo Windows, que usan el 95% de los ordenadores personales del mundo.
Si se confirman las opiniones preliminares expresadas en la Declaración de Objeciones de la Comisión Europea, a Microsoft se le podría multar y pedir que desvincule su navegador del sistema operativo.
La guerra por el monopolioEn 2007, el Tribunal de Primera Instancia de la Unión Europea confirmó las conclusiones de la Comisión respecto a que Microsoft había violado las leyes antimonopolio al ligar su reproductor Windows Media con el sistema operativo Windows. También determinó que Microsoft usaba tácticas ilegales contra el reproductor RealNetorks.
La empresa ha recibido multas de más de 2.000 millones de dólares (unos 1.570 millones de euros) por sus violaciones y por no cumplir con los requerimientos de la Comisión.
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