Este artículo se publicó hace 15 años.
El Govern balear se persona en las diligencias como parte perjudicada
La decisión se adopta una vez levantado el secreto de sumario
El Govern balear ha aprobado que la comunidad autónoma se persone en las diligencias previas del caso Palma Arena como parte perjudicada, según ha anunciado la portavoz del ejecutivo, Joana Barceló, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno de la comunidad.
Esta decisión ha sido tomada después de que la abogacía de la comunidad "examinara todos los documentos" y una vez que se ha levantado el secreto de sumario sobre la instrucción del caso, que investiga una presunta trama de corrupción en la construcción del velódromo durante la pasada legislatura del PP.
El Gobierno autonómico ha tenido en cuenta en esta decisión que la comunidad autónoma es la que ha de asumir el coste de construcción del pabellón hasta 2026, una obra que ha tenido un sobrecoste de 46 millones de euros (hasta unos 110 millones), ha recordado Barceló.
"Si hay indicios claros de malversación (del dinero público invertido en el velódromo), la comunidad autónoma será perjudicada directa en el caso", ha argumentado Barceló, quien ha subrayado que personarse en la causa es un "acto obligado para defender los intereses y recursos de los ciudadanos".
Sin intención de politizarBarceló, adelantándose a las críticas que puedan llegar desde el PP -algunos de cuyos ex altos cargos de la pasada legislatura figuran en el caso Palma Arena como imputados-, ha aclarado que "no hay ninguna intencionalidad ni voluntad de hacer ningún juicio" sobre un asunto "sobre el que no se puede politizar".
"El Govern no juzga, juzgan los juzgados"
La portavoz del ejecutivo balear ha insistido en que la base de la decisión de intervenir se asienta en que el Govern "es el que fundamentalmente financió la obra", pero ha recalcado que "el Govern no juzga, juzgan los juzgados".
Hasta ahora en la causa solo estaba personado el Consorcio Palma Arena, conformado por el Ayuntamiento y el Govern, que fue el que puso en conocimiento de la Fiscalía las irregularidades presuntamente cometidas en la construcción del velódromo durante la legislatura del popular Jaume Matas, según ha detallado Barceló.
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