El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, cree que tanto el Gobierno como los grupos parlamentarios y los agentes sociales deben "abandonar sus posiciones de partida" en el proceso de reforma de las pensiones para facilitar un acuerdo.

Así lo asegura en una entrevista en el diario El Mundo, donde señala que en el momento presente no es necesaria la reforma, pero que ésta debe consolidar las cuenta públicas para el periodo 2030-2040 porque la Seguridad Social "no tiene un problema financiero, sino demográfico".

Granado dice que "está seguro" de que se alcanzará un acuerdo porque ya lo hay en cuanto al "objetivo" pero que el problema es "instrumental".

Precisa que es necesario evaluar "entre todos" si son suficientes las medidas voluntarias o llegará un momento en que la edad legal de jubilación deba desplazarse y subraya que "más vale un mal arreglo que un buen pleito".

Para Granado las medidas que se adopten "tienen más importancia desde el lado de los ingresos que desde el de los gastos" y, con respecto al periodo de cómputo para el pago de las pensiones, afirma que es necesario buscar un procedimiento de cálculo que ponga más en relación "lo que alguien ha aportado que lo que va a recibir".

En cuanto a las pensiones de los políticos, el secretario de Estado indica que en la Seguridad Social "no nos afectan estas situaciones personales. Están topadas por la pensión máxima".

"Lo razonable" es que todos los trabajadores tengan una reglas de juego "lo más parecidas posibles, asegura.

En opinión de Granado, el Estado no debe financiar con los Presupuestos Generales del Estado parte de las pensiones y cree que con la separación de fuentes "nos debemos mutua lealtad".

"Si hemos decidido separar las fuentes tenemos que pedir al Estado que financie la sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia", pero las pensiones deben estar en el sistema de la Seguridad Social.

Con respecto a los funcionarios, Granado dice que las comunidades autónomas no pagan las cuotas de los trabajadores y, sin embargo, "es el Estado" el que les abona las pensiones.

Lo que han hecho las autonomías, subraya, es "funcionarizar" al personal laboral para ahorrarse la cotización a la Seguridad Social.

Por ello, "queremos poner una fecha de inicio" para que todos los funcionarios que entren en una autonomía "estén y se cotice a la Seguridad Social", destaca.

En cuanto a los autónomos, asegura que sus cotizaciones tendrán que ser más flexibles con la crisis, y que ahora "lo razonable" sería que para quienes lo estén pasando mal pagaran las mínimas del régimen general.

Pero "no sería razonable" que una empresa que contrate a 50 ingenieros que cotizan por la base máxima, puedan hacerlo por la mínima, añade.

Además, considera que "no se puede tratar igual" a quien llega a los 65 años habiendo trabajado 35 que a quien lleva sólo 15 ó 20.

Granado considera que los fondos de pensiones privados funcionan "bien" pero hay que "recomponer" aspectos para que haya igualdad de género.

En este sentido, explica como el principal atractivo es fiscal, las aportaciones se hacen a cargo del cónyuge con la renta más alta que suele ser el hombre y, por tanto, los beneficiarios suelen ser los hombres.