Varios grupos humanitarios, hondureños e internacionales, han denunciado que en los tres meses desde que los militares hondureños sacaron del poder al presidente izquierdista Manuel Zelaya y le expulsaron del país en pijama, las fuerzas de seguridad han perpetrado una sucesión de abusos.

Esos grupos han relacionado al menos 10 muertes con el régimen de facto encabezado por Roberto Micheletti, que asumió la presidencia tras el golpe de Estado del 28 de junio.

El Gobierno de Micheletti admite que tres personas han muerto en protestas.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional dijo el mes pasado que aumenta el riesgo de que Honduras se convierta en un Estado sin ley, donde la policía y los militares actúan sin importarles los derechos humanos.

La represión a las protestas contra el golpe aumentó después de que Zelaya regresara al país el 21 de septiembre y se refugió en la embajada de Brasil en Tegucigalpa, tras llamar a sus seguidores a que tomen las calles.

A su vez, el grupo de derechos humanos Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) afirmó que hay varios informes sobre disparos de policías en áreas pobres de la capital.

Algunos disparos se produjeron durante los toques de queda nocturnos que aplicó el gobierno de Micheletti.

Cuando el desempleado Ángel Manuel Osorto violó el toque de queda para salir y pedir prestado dinero para un tratamiento médico que necesitaba su mujer embarazada, su hijo de 13 años, Ángel David, fue herido en la espalda porque un policía disparó desde una motocicleta.

"Cuando veníamos para la casa venía una patrulla haciendo disparos, una bala le impacto a él", dijo Osorto. "Gracias a Dios que está vivo", afirmó.

Ángel David estuvo tres días en coma.

Esa misma noche, un seguidor de Zelaya murió abatido a tiros. Otros cinco fueron hospitalizados por heridas de bala.

Después se levantó el toque de queda, pero Micheletti ha dispuesto un decreto de emergencia que permite que la policía y el Ejército repriman las protestas. Algo que hacen sin dudar, lanzando gases lacrimógenos en cualquier pequeña manifestación.

El jefe de la policía de Tegucigalpa, Leandro Osorio, negó que haya habido abusos y dijo que los grupos de derechos humanos con inclinaciones izquierdistas son tendenciosos a favor de Zelaya.

"Ellos van a decir que hay un montón de heridos en el hospital, pero no es cierto", dijo a Reuters.

GAS LACRIMÓGENO

Honduras no sufrió el mismo nivel de violencia patrocinada por el Estado que otras naciones de Sudamérica que estaban bajo régimen militar, o como sus vecinos Guatemala y El Salvador durante las guerras civiles de los años 80.

Pero la experimentada activista de derechos humanos Bertha Oliva dijo que en algunos casos la situación está peor ahora.

"Antes escondían a los muertos, ahora el Ejército es más impune que nunca. Lo hacen en público, están desafiando todos los principios de los derechos humanos", dijo Oliva, que fundó el grupo de derechos Cofadeh con su marido.

Dos días después del regreso de Zelaya, la policía disparó gas lacrimógeno dentro de las instalaciones del comité, donde unas 150 personas estaban reunidas para denunciar agresiones de militares y la policía al dispersar a manifestantes en las calles de la capital.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, condenó el ataque, pero también dijo que hubo algunos casos de violencia de los manifestantes en contra tanto de personas como de propiedades.

"La situación de derechos humanos en Honduras ha empeorado sustancialmente en la medida en que los controles y las medidas de represión de la protesta aumentaron de manera exponencial", dijo a Reuters la presidenta de la comisión, Luz Patricia Mejía.

Una estudiante de medicina de 22 años que declinó ser nombrada dijo que ella y otros miembros de su grupo izquierdista pro zelayista han recibido amenazas en sus móviles en forma de mensajes de texto. Uno de los mensajes decía: "El mejor comunista es el comunista muerto".

La estudiante dijo la semana pasada que hombres armados y enmascarados trataron de obligarla a subir a un coche negro con cristales tintados. Ella escapó, pero se rompió un ligamento del brazo al forcejear por soltarse.

"La idea fue torturarme para conseguir toda la información sobre la organización, de esto estoy segura", dijo la estudiante, aún con el brazo escayolado y con grandes ojeras.